Los ganadores del litigio internacional derivado de la estatización de YPF avanzaron con la presentación de un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de que la Argentina sea obligada a ceder las acciones que posee en la compañía. La intención de los demandantes es utilizar esos papeles para cubrir parte de los US$16.000 millones que la justicia estadounidense determinó como indemnización por la expropiación concretada en 2012.
El país había conseguido previamente la suspensión temporal de la orden que exigía la entrega de esas acciones mientras se desarrolla el proceso de apelación. Esa disposición inicial fue dictada por la magistrada que también falló en contra de la Argentina por la toma del control de la empresa. La postura argentina recibió acompañamiento de distintos gobiernos extranjeros.
En esta nueva etapa, los reclamantes —respaldados financieramente por un fondo litigante— intentan persuadir al tribunal para que mantenga firme la decisión de obligar al Estado nacional a desprenderse de su participación accionaria. Su presentación se centra en defender la validez de la orden y en remarcar que los tribunales estadounidenses tienen potestad suficiente para exigir la entrega de activos cuando un deudor se encuentra bajo su jurisdicción, incluso si se trata de un Estado soberano. Sostienen además que, según su interpretación, la normativa sobre inmunidad soberana no impide este tipo de medidas.
Respecto a la aplicación del derecho local, remarcan que la legislación del estado de Nueva York habilita a la justicia a ordenar a un deudor el traslado de bienes para cumplir una sentencia, y afirman que ese criterio ya fue extendido a propiedades pertenecientes a gobiernos extranjeros. Desde esa perspectiva, consideran que Argentina no está exceptuada.
El documento también intenta justificar la compatibilidad entre la orden de entrega y los requisitos previstos por la ley estadounidense sobre inmunidad soberana. Aseguran que:
- Las acciones quedarían bajo custodia en Nueva York una vez transferidas.
- Dichos activos tienen vínculo con actividades comerciales en Estados Unidos, como el control societario o la emisión de ADR.
- Las acciones habrían estado relacionadas con la actividad económica que originó el reclamo tras la expropiación.
En cuanto a la discusión sobre el respeto entre jurisdicciones y la doctrina de “Actos de Estado”, los demandantes afirman que la medida no obliga a Argentina a contradecir su legislación interna ni invalida decisiones soberanas. Añaden que, aun si existiera un conflicto normativo, prevalece el interés estadounidense en garantizar el cumplimiento de un fallo vigente.
La posición argentina
Argentina tiene tiempo hasta el 12 de diciembre para responder a esta presentación. En septiembre, la Procuración del Tesoro ya había enviado un primer escrito en el que detalló su estrategia legal basada en cuatro ejes principales:
Inmunidad soberana: el país sostiene que la legislación estadounidense protege de manera absoluta los bienes de un Estado extranjero ubicados fuera de Estados Unidos frente a embargos o ejecuciones.
Aplicación incorrecta del derecho de Nueva York: argumenta que la figura legal utilizada no fue diseñada para obligar a un gobierno a trasladar activos desde su propio territorio.
Alcance de la ley de inmunidad soberana: afirma que las acciones de YPF no se encuentran en territorio estadounidense, no se utilizaron para operaciones comerciales allí y tampoco estuvieron involucradas en la actividad comercial que originó el litigio.
Contradicción con el derecho argentino e internacional: explica que la legislación argentina exige una autorización especial del Congreso para cualquier movimiento accionarial desde 2012, y que la orden judicial contradice principios básicos del derecho entre naciones.
La Procuración también resaltó que Estados Unidos manifestó respaldo a la posición argentina durante esta instancia.-
No se prevé que la Cámara de Apelaciones emita una resolución antes del primer trimestre del próximo año.
