Las fiscales del Ministerio Público Fiscal solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que se agraven las penas impuestas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 en el barrio porteño de Recoleta.
La fiscal general Gabriela Baigún y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, pidieron que Sabag Montiel sea condenado a 15 años de prisión y Uliarte a 14, al sostener que el hecho debe ser calificado como homicidio triplemente agravado por alevosía, violencia de género en su modalidad de violencia política y uso de arma de fuego, en grado de tentativa.
El planteo fue presentado contra la sentencia dictada en octubre por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, que tras más de 15 meses de juicio condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Uliarte a 8 años, descartando los agravantes solicitados por la fiscalía y limitando la condena al uso de armas.
En los fundamentos conocidos el 9 de diciembre, la jueza Sabrina Namer —con la adhesión de los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grünberg— sostuvo que no se daban las condiciones jurídicas para aplicar los agravantes de alevosía y violencia de género. Sin embargo, las fiscales consideraron que el fallo omitió valorar prueba decisiva y realizó una interpretación restrictiva de la normativa vigente.
Según el recurso, Cristina Fernández de Kirchner se encontraba en una situación de total indefensión al momento del ataque, ya que Sabag Montiel se hizo pasar por un simpatizante y se acercó sin generar sospechas. Para el MPF, el hecho de que el arma no se haya disparado no elimina el carácter alevoso del ataque, sino que expone que sólo el azar impidió un desenlace fatal.
En relación con la violencia de género, Baigún y Labozzetta cuestionaron que el tribunal haya limitado el concepto a vínculos interpersonales o privados, desconociendo que la legislación argentina incorpora la violencia política como una modalidad específica, a partir de la ley 27.533. En ese sentido, afirmaron que el ataque constituyó un intento de femicidio en un contexto de violencia política de género, dirigido contra una mujer con máxima visibilidad y poder institucional.
Las fiscales remarcaron que no es exigible la existencia de una relación previa o jerárquica individual entre víctima y victimario, ya que la violencia de género tiene un carácter estructural y social. Finalmente, sostuvieron que el atentado fue concebido como un acto de castigo y disciplinamiento, inscripto en una lógica patriarcal, por lo que insistieron en la necesidad de revisar la condena y aplicar los agravantes correspondientes.
