El juez federal Federico Villena ordenó el allanamiento de las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la compra de alimentos destinados a internos del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La causa apunta a una posible cartelización entre empresas proveedoras que habrían entregado comida en mal estado.
El procedimiento se realizó el viernes y se inscribe en una pesquisa más amplia que detectó raciones deficientes y licitaciones irregulares en distintas cárceles federales. Martínez, quien asumió la conducción del SPF en 2024, quedó bajo la lupa tras denuncias que señalan una red de complicidades para beneficiar a firmas que suministraban alimentos no aptos para el consumo.
Durante el allanamiento, el funcionario entregó a los investigadores un teléfono celular que no era el de uso habitual y aseguró haber “extraviado” su dispositivo personal esa misma mañana. La explicación generó sospechas inmediatas en el equipo judicial, que dispuso un rastreo de antenas para verificar la actividad reciente del equipo faltante.
Según el peritaje, el celular tuvo conexión apenas una hora antes del arribo de la policía, en el barrio de Barracas. “O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, ironizó una fuente del expediente, deslizando la hipótesis de una filtración previa que habría permitido al funcionario deshacerse del aparato.
La investigación judicial también determinó que la empresa Bio Limp, actual proveedora del servicio y sin antecedentes en el rubro alimentario, sería en realidad una pantalla de Foodrush, firma que había sido sancionada con anterioridad por presentar niveles de Escherichia coli superiores a los permitidos en los alimentos suministrados a detenidos.
El propio juez Villena constató la precariedad del servicio durante una visita al penal de Ezeiza y, según trascendió, describió la comida como “un asco, vomitiva” ante personas de su entorno.
Además, la causa reveló que Bio Limp y Foodrush compartían camiones, empleados y facturaciones cruzadas por unos $150.000.000, una operatoria que, de acuerdo a fuentes del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, “no podía pasar inadvertida” para las autoridades del SPF.
A estos elementos se sumó otro dato sensible: Martínez se movilizaba en un vehículo registrado a nombre de Enrique “Quique” Antequera, un prófugo vinculado a la feria La Salada. Pese a los pedidos de nulidad presentados por la fiscalía, Villena ratificó el avance del expediente y confirmó contar con el respaldo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para profundizar la investigación.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas semanas.
