Una luz de alerta se enciende en la Casa Rosada. El proceso de desinflación, uno de los pilares fundamentales del plan económico impulsado por Javier Milei, se frenó en el arranque de 2025 debido a un marcado disparo en el precio de los alimentos durante el mes de marzo. Esta situación no solo complica los objetivos del Gobierno en materia económica, sino que también condiciona la esperada mejora de los indicadores sociales en un año electoral crucial.
Informes de consultoras privadas revelan que los productos que componen la dieta básica de los argentinos experimentaron un fuerte salto de precios el mes pasado, superando significativamente el promedio del incremento general de bienes y servicios. Los aumentos más pronunciados se registraron en rubros esenciales como carnes, lácteos y panificados, impactando de lleno en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos.
Si bien el Gobierno ha implementado un fuerte ajuste del gasto público ("motosierra") y amplió las prestaciones sociales para atender las necesidades básicas de los sectores más desfavorecidos, actualizando planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en línea con el costo de vida, el reciente aumento en los precios de los alimentos amenaza con erosionar este esfuerzo.
La primera señal de advertencia se encendió con el dato de inflación de febrero informado por el Indec, que se ubicó en 2,4%, por encima del 2,2% de enero. Un análisis más detallado reveló un dato aún más preocupante: los alimentos aumentaron un 3,2% en febrero, 0,8 puntos porcentuales por encima del promedio general.
Las estimaciones preliminares para marzo anticipan un escenario aún más complejo. La consultora Orlando Ferreres (IPC-OJF) calcula una suba del 4,9% en alimentos, mientras que la inflación general se estima en 2,9%, marcando una diferencia de dos puntos porcentuales. Por su parte, la medición de LCG arrojó un aumento del 3,8% en alimentos, el más alto desde mayo de 2024, impulsado por incrementos significativos en lácteos y huevos (5,8%), carnes (5%), verduras (3,3%) y panificados (1,4%).
Otras consultoras como CyT (Camilo Tiscornia) estiman un salto del 5,4% en la canasta básica alimentaria, con una inflación general del 2,7%, mientras que Eco Go (Marina Dal Poggetto) sitúa la inflación de alimentos en 3,3%, también por encima del índice general. Incluso el relevamiento de Consumidores Libres mostró un aumento del 3,19% en alimentos, impulsado principalmente por la suba de las carnes (6,4%).
Esta reactivación de los precios de los alimentos, a pesar de la estabilidad del tipo de cambio y el mantenimiento de la base monetaria, reabre el debate sobre la posible existencia de una inflación reprimida que podría emerger a medida que se consoliden mejoras en el consumo.
El impacto directo de este aumento en los alimentos es que, por segundo mes consecutivo, las jubilaciones y los planes sociales tendrán aumentos que estarán por debajo de la inflación específica de este rubro esencial. Esta situación resentirá aún más la capacidad de compra de los sectores más vulnerables y empujará al alza los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que miden los niveles de pobreza e indigencia por ingresos.
En consecuencia, se estima que al cierre de marzo tanto la pobreza como la indigencia podrían ubicarse por encima del último dato oficial informado por el Indec.
Consciente de la delicada situación social y su potencial impacto en los planes electorales, el Gobierno ha optado por postergar o moderar los aumentos previstos en las tarifas de servicios públicos (combustibles, luz y gas) para el mes de abril, autorizando incrementos inferiores al 2% en todos los casos.
A pesar de este intento por contener el impacto en los bolsillos, la Casa Rosada confía en que la tendencia alcista de los precios de los alimentos se revertirá en las próximas semanas. Por el momento, y aunque esta dinámica emerge en el inicio de la campaña electoral, no se prevén medidas compensatorias adicionales del lado de los ingresos.
