A dos años de las masivas protestas sociales y el debate exprés de la reforma constitucional en la provincia de Jujuy, Amnistía Internacional publicó un contundente informe que denuncia la ausencia casi total de avances en la rendición de cuentas por la violenta represión y criminalización ejercidas por el Estado. El documento, titulado Callar no es una opción: Jujuy entre la represión y la impunidad, revela que la estrategia estatal se centró en silenciar a quienes reclamaban sus derechos, recurriendo al uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y restricciones ilegítimas al derecho a la protesta pacífica.
En mayo y junio de 2023, la Legislatura de Jujuy aprobó una reforma constitucional regresiva en materia de derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas, a puertas cerradas y sin consulta previa. Esta decisión desencadenó una oleada de protestas masivas en las calles, con miles de jujeños manifestándose contra la exclusión y la vulneración de derechos. Sin embargo, la respuesta del Estado fue marcada por la violencia y la intimidación.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró: “Este segundo aniversario del proceso de reforma constitucional ha estado tristemente marcado por la impunidad, reflejo de la estrategia estatal de silenciar a quienes se atreven a reclamar sus derechos. La Provincia de Jujuy no ha dado respuestas sobre el uso ilegítimo de la fuerza, las detenciones arbitrarias ni la criminalización de los manifestantes.”
El informe también destaca la grave exclusión de los pueblos indígenas del proceso constitucional, en un contexto de despojo territorial y discriminación estructural, a pesar de que Jujuy es la provincia con mayor proporción de población indígena del país. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, remarcó: “La aprobación de la nueva constitución sin su consentimiento libre, previo e informado, así como la prohibición y dispersión violenta de cortes de calle, constituyen graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos.”
Uso excesivo de la fuerza y consecuencias graves
La investigación documentó un uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de la policía provincial para dispersar las protestas, incluyendo gases lacrimógenos, balas de goma —entre ellas proyectiles de impacto múltiple, cuyo uso está prohibido por normas internacionales—, además de armas no regularizadas como resorteras, piedras y látigos. El saldo fue de al menos 170 personas heridas, muchas con lesiones graves: diez sufrieron impactos de bala de goma o cartuchos en el rostro, y tres de ellas perdieron la visión en un ojo.
Uno de los casos emblemáticos es el de Joel Paredes, un ceramista de 29 años que participó pacíficamente en una protesta en Humahuaca y fue alcanzado por una bala de goma en el ojo derecho. Tras una cirugía, perdió la visión de ese ojo y padece un dolor nervioso constante. Joel recibió miles de cartas de solidaridad a nivel internacional y fue destacado en la campaña Escribe por los Derechos de Amnistía Internacional, pero hasta hoy no hay responsables sancionados por su caso ni por el de las demás víctimas.
Detenciones arbitrarias, criminalización y malos tratos
La represión también incluyó la detención arbitraria de al menos 99 personas, muchas durante las protestas más masivas del 17 y 20 de junio de 2023. Entre ellas, se encuentran niños y adolescentes que sufrieron golpes y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, al menos 86 personas enfrentan imputaciones penales bajo cargos ambiguos y abusivos como “resistencia a la autoridad” o “sedición”, comúnmente usados para criminalizar la protesta social.
El informe denuncia el uso del Código Contravencional provincial para intimidar y sancionar a manifestantes pacíficos, con al menos 82 procesos contravencionales abiertos, muchos de ellos sobre personas que también están imputadas penalmente, lo que podría vulnerar el derecho a no ser juzgadas dos veces por el mismo hecho.
Falta de respuestas y exigencia de justicia
Amnistía Internacional entregó previamente sus hallazgos a las autoridades provinciales, pero no recibió respuesta. En una reciente visita a Jujuy, representantes de la organización exigieron justicia, reparación y garantías para que estos hechos no se repitan. Además, hicieron entrega simbólica a Joel Paredes de las miles de cartas enviadas por activistas y miembros de la comunidad internacional en apoyo a su lucha.
Ana Piquer concluyó: “Nadie ha sido sancionado por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión y las víctimas siguen esperando justicia. Casos como el de Joel jamás deben ser olvidados, pues recuerdan la enorme deuda pendiente con la sociedad jujeña y especialmente con los pueblos indígenas que continúan reclamando sus derechos.”
El informe de Amnistía Internacional vuelve a poner sobre la mesa la grave crisis de derechos humanos en Jujuy y la imperiosa necesidad de que el Estado argentino asuma su responsabilidad para garantizar el derecho a la protesta y la participación política en un marco de respeto y justicia.
