Faltan 44 días para el Pacto de Mayo, el acuerdo al que Javier Milei invitó a firmar a todas las provincias el 25 de ese mes en Córdoba. Y este viernes tomará estado parlamentario la nueva Ley Bases y el articulado con el paquete fiscal. En una especie de eterno retorno nietzscheano, los gobernadores vuelven a ejercer presión sobre la Casa Rosada en una discusión signada por el reparto de fondos del Gobierno central a los estados provinciales: una disputa por caja idéntica a la que en enero empantanó el debate de la Ley Ómnibus en el Congreso. En esta ocasión, lo que motiva el reclamo de un grupo de mandatarios es un decreto que el Jefe de Estado emitió el jueves pasado y que eliminó los anticipos de pagos a las cajas jubilatorias de los distritos que en los 90′ no transfirieron a la Nación sus sistemas previsionales.
La discusión se produce a días de una nueva reunión entre el Gobierno y un grupo de gobernadores considerados “dialoguistas” o “aliados”. Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, recibirá este jueves a los mandatarios agrupados en lo que fue Juntos por el Cambio. Según pudo saber Infobae, fueron convocados Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).
Se trata de un cónclave que se iba a desarrollar la semana pasada y que, finalmente, fue postergado para luego del fin de semana largo de Semana Santa. Los mandatarios irán a la reunión con reclamos y sugerencias de cambios para perfeccionar la nueva Ley Bases. Pero sobre todo, conforme pudo conocer este medio, respecto a puntos del paquete fiscal que está contenido en un articulado aparte.
El apartado central de discusión es la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Los gobernadores del norte del país ven con buenos ojos la medidas. Sin embargo, los del centro y el sur plantean objeciones: centralmente, proponen que se aplique un piso más alto para el mínimo no imponible y que se retoquen las alícuotas y deducciones del proyecto del Ejecutivo.
De fondo, asoma una disputa por quién abonará el costo político de una medida un tanto impopular. Implica que el Gobierno vuelva a cobrar un impuesto que afectará, sobre todo, a la clase media. Milei prometió en campaña electoral “cortarse un brazo antes de aumentar o crear nuevos impuestos”. Pero la decisión de la administración anterior, que sustrajo la cuarta categoría de ese tributo, dejó a la Casa Rosada en una especie de callejón sin salida y en pie de guerra con las provincias, que reclaman por la restauración de esa medida. Se trata de un impuesto coparticipable y, por lo tanto, son fondos que llegan a las provincias de forma automática.
En la previa al debate de la nueva Ley Ómnibus, Milei se mantiene férreo en la decisión no coparticipar ningún impuesto más. Los gobernadores insistieron en el verano para que se coparticipara el Impuesto País, el Impuesto al Cheque o, bien, que se distribuya a las provincias parte de lo recaudado en el blanqueo que pretende ejecutar Balcarce 50. Ninguno de los puntos es, en principio, aceptado por el Jefe de Estado.
