En la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la Unión Europea (UE), el presidente argentino, Alberto Fernández, firmó un “Memorandum de Entendimiento” de Cooperación en Energía con la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que apunta a que la Argentina se convierta en un proveedor de Gas Natural Licuado (GNL) al viejo continente, “reconociendo el papel que desempeña y seguirá desempeñando el gas natural en la transición energética de la UE hasta que haya alcanzado su objetivo de neutralidad climática en 2050″.
La iniciativa se inserta en un contexto en el que la invasión rusa a Ucrania y las posteriores sanciones reconfiguraron el mapa geopolítico mundial, algo especialmente notable en el sector energético y en el mercado mundial del gas.
La invasión rusa
Antes de la invasión iniciada el 24 de febrero de 2022, más del 40% del gas que consumían los 27 países de la UE provenía de Rusia vía gasoductos. Sucesivas medidas y sanciones llevaron a cero la llegada de gas ruso por gasoducto y aumentaron las compras europeas de GNL, gas natural que llega licuefacto a 162 grados bajo cero (para reducir más de 400 veces su volumen) en enormes buques “metaneros” y se regasifica en terminales terrestres o buques regasificadores para luego inyectar a las redes receptoras.
Limitada al GNL, la participación rusa se redujo al 9% y aumentó la porción de EEUU que, con 28% en 2021, era ya el principal proveedor de la UE por esa vía, en tanto Noruega, sumando gas por gasoducto y por GNL, se convirtió en el principal proveedor del viejo continente.
Europa está muy limitada en posibilidades de gas propio. Desde 2014, Países Bajos, el más importante productor de gas natural de la UE, vio decaer la producción de Groningen, el principal campo de producción de gas europeo, por el temor a que mayores niveles de extracción aumenten el riesgo de terremotos; la producción de gas del Mar del Norte está “largamente agotada” y los planes de extracción de gas en nuevas áreas chocan con las metas de emisión neta cero de carbono.
Ese es el competitivo mercado al que la Argentina pretende ingresar con el gas de Vaca Muerta en forma de GNL, con YPF, la petrolera de mayoría estatal asociada a la petrolera estatal malaya Petronas, como ariete.
Según las proyecciones que el presidente y el CEO de YPF; Pablo González y Pablo Iuliano, presentaron al Congreso a principios de julio, la demanda mundial de GNL casi se duplicará hacia el 2050 (de 553 a 1.063 miles de millones de pies cúbicos anuales), cuando se complete la “transición energética”, una ventana de 25 a 30 años en que el gas será “el” hidrocarburo de la transición e irán perdiendo peso el petróleo y el carbón, a favor de la electrificación (industria, transporte, usos residenciales) a partir de energías renovables y fuentes como el hidrógeno.
Proyecto de GNL
En función de ese objetivo, a fines de mayo el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de promoción del GNL revelador: básicamente, exceptúa al sector de lo que hoy son las normas generales en que se desempeñan las empresas de hidrocarburos, pues ofrece estabilidad fiscal por 30 años, amortización acelerada de inversiones, uso de quebrantos en la liquidación del IVA, acceso a divisas, eximición de derechos de importación, retenciones cero hasta cierto precio FOB de exportación (USD 15 por millón de BTU) y de un máximo del 8% superado ese nivel, y garantías de estabilidad cambiaria y de transporte y suministro.
Según el presidente de YPF, es un proyecto que la empresa viene trabajando hace 3 años y servirá para “monetizar” los recursos de Vaca Muerta a partir de la alianza con Petronas, la petrolera estatal de Malasia y cuarta productora mundial de GNL.
“Necesitamos ese marco regulatorio; es una política de Estado, no podemos perder más tiempo”, repitió el exvicegobernador y diputado y senador nacional por Santa Cruz en el Congreso y en entrevistas periodísticas.
Hasta ahora, el proyecto fue defendido en la Comisión de Energía y Combustibles del Congreso por González y Iuliano, de YPF; y por la Secretaría de Energía, Flavia Royón, pero no hubo debate interno.
Uno de los miembros de la Comisión, el neuquino Guillermo Carnaghi (Frente de Todos), dijo que el objetivo es “sacar la ley este año lo antes posible; ojalá para agosto o septiembre, para que las empresas tengan este marco jurídico y estabilidad fiscal y puedan empezar a llevar adelante los distintos proyectos”, en tanto su comprovinciano y vicepresidente de la Comisión, Francisco Sánchez (PRO), objetó que el proyecto apunte tan específicamente a YPF y Petronas (la promoción se limita a proyectos de inversión de no menos de USD 1.000 millones) y consideró que el plazo de estabilidad jurídica es excesivo.
“Supone que Argentina no va a cambiar y no va a generar en esos 30 años condiciones mejores para las inversiones”, dijo a un medio neuquino.
