La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunió para escuchar la segunda ronda de testigos que expusieron sobre el fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por el recorte de la coparticipación. El oficialismo busca probar que hubo un acuerdo entre el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
En una declaración, la ex secretaria de las Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, insistió en que los recursos coparticipables que recibía CABA, y fueron reducidos por el gobierno de Alberto Fernández, eran “excesivos”.
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema falló a favor del gobierno porteño en el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba con la Nación. El máximo tribunal dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (CABA reclamaba 3,50%).
El gobierno porteño había recurrido a la Justicia porque Alberto Fernández había decretado en 2020 la reducción del 3,5 a 2,3 los fondos destinados a la Ciudad. Luego esa decisión fue ratificada por una ley. Esos fondos habían sido triplicados durante la gestión de Mauricio Macri por decreto a raíz del traspaso de la Policía.
Según Batakis, existían dos problemas. Por un lado, el régimen de coparticipación no tiene como objetivo “transferir recursos que tengan erogaciones particulares específicas”.
“Los tributos que recauda el gobierno nacional tienen una dinámica propia de cada uno de los impuestos. Y esa dinámica no tiene nada que ver con la dinámica de una erogación. No puede estar unida la transferencia de recursos al sistema de coparticipación, porque conceptualmente no fue creada para eso”, argumentó.
A modo de ejemplo, la diputada oficialista Blanca Osuna señaló que “si por una crisis la recaudación de la coparticipación se reduce en un 50%, no se podrían bajar los salarios de los policías en un 50%”.
Por otro lado, Batakis explicó que los decretos firmados durante el gobierno de Mauricio Macri, que junto con la transferencia de la policía a la Ciudad aumentaba la coparticipación de 1.40 a 3.75, “no tienen fundamentos” porque no se realizaron cálculos técnicos de los fondos necesarios para cubrir el traspaso de las fuerzas de seguridad.
“Nosotros presentamos un informe técnico y cuando fuimos a buscar los antecedentes de los decretos de Macri, no había ninguno. El primer decreto ni siquiera establece los motivos. Y el segundo decreto, que intenta subsanar esa falta de información, tampoco detalla cómo llegan a la cifra final”, dijo la actual directora del Banco Nación.
Asimismo, detalló que el aumento decretado en 2016 por el gobierno de Macri generó malestar entre los gobernadores porque “pasar del 1,4% al 3,75% lo que hace es detraer recursos del Gobierno nacional, con los que efectivamente no va a contar para hacer erogaciones en el resto de las provincias”. Por eso, luego el porcentaje fue reducido por Macri al 3,5 porciento.
Ante la consulta de la bancada oficialista, Batakis también reveló que Silvio Robles, mano derecha del juez Horacio Rosatti, estuvo presente en una audiencia de conciliación entre el gobierno nacional y el gobierno porteño en la Corte Suprema. Los diputados del Frente de Todos señalan que Robles “no figura en el acta” que detalla quiénes estuvieron presentes y creen que esa omisión fue intencional.
Para el oficialismo los chats filtrados mediáticamente entre Silvio Robles y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, en los que el funcionario judicial se refiere al fallo que benefició a la Ciudad como “fallo Robles”, probarían que hubo tráfico de influencias.
“Estamos cuestionando este fallo cautelar porque tenemos la sospecha más que fundada de que ha sido negociado y traficado por este fantasma que no aparece en el acta y parece actuar como quinto cortesano”, profundizó el diputado Leopoldo Moreau. Desde la oposición rechazaron de plano todo el planteo y remarcaron que no se trataba de una reunión secreta y que el acta sólo refleja los nombres de las partes que tenían un rol activo en la audiencia.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, anunció que la próxima reunión de la comisión será después del receso invernal, el martes 1 de agosto, y que tendrá como protagonistas a Silvio Robles y Marcelo D´Alessandro.
En la reunión pasada, el diputado Rodolfo Tailhade solicitó que se ordene una “huella de voz” para determinar la verosimilitud de estas filtraciones (que además de mensajes escritos contienen audios).
“Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente y que la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje”, dijo Tailhade.
