El Senado de la Nación comienza a debatir esta tarde el proyecto de ley sobre lavado de activos, que se tratará en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Participan en el encuentro el titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Palacio de Hacienda, Ricardo Casal; el titular de la UIF, Juan Carlos Otero; y el director de la CNV, Martín Breinlinger.
La iniciativa sobre prevención y persecución de lavado de activos es impulsada por el Gobierno y recibió media sanción por la Cámara de Diputados a mediados de abril pasado. Se busca aprobar la misma en la previa a la nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se llevará adelante el próximo año, y en donde la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
El proyecto tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La iniciativa -girada en revisión desde la Cámara baja al Senado- convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En ese sentido, se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la CNV, que debe detectar eventuales operaciones sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
De acuerdo con lo previsto en la iniciativa, la UIF podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
Los sujetos obligados de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos análogos extranjeros, no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
En cuanto a la pena para el lavado contemplada en el Código Penal se aumentó la pena de $ 300.000 a $ 8,6 millones y en el futuro se establecerá como unidad de medida de actualización el Salario Mínimo Vital y Móvil.
