Este domingo falleció, a los 80 años, el ex procurador general de la Nación Nicolás Eduardo Becerra, quien ocupó ese cargo desde 1997 hasta 2004. Fue designado como jefe de los fiscales por el entonces presidente Carlos Menem y su renuncia la presentó en los albores de la presidencia de Néstor Kirchner, tras considerar que su ciclo estaba cumplido.
A su vez, se desempeñó durante un mandato como diputado nacional por el Partido Justicialista y como Defensor General de la Nación, entre otros cargos públicos de relevancia institucional.
Nicolás Eduardo Becerra tuvo una importante trayectoria en el mundo del derecho y de los asuntos públicos en general. Nació el 25 de enero de 1943 y cursó su educación secundaria en el Liceo Militar de Mendoza, provincia para la cual luego de estudiar abogacía trabajaría como Subsecretario de la Gobernación.
Después de esa experiencia y durante algún tiempo se dedicó a litigar en el ámbito privado como abogado especialista en la rama penal hasta que, ligado al Partido Justicialista, asumió una banca como Diputado Nacional en el Congreso de la Nación, en donde estuvo desde abril de 1991 hasta diciembre de 1995.
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Al finalizar su mandato como parlamentario, siguió ligado al sector público: trabajó como secretario de Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante la gestión de quien fue su padrino político, Eduardo Bauzá, el primer dirigente en ocupar esa figura institucional tras la reforma constitucional llevada a cabo en 1994.
Luego se desempeñó como Defensor General de la Nación hasta que se produjo su nombramiento por parte del entonces presidente Menem como Procurador General de la Nación, cargo en el que estuvo desde el 23 de abril de 1997 hasta el 5 de febrero de 2004, cuando presentó su renuncia indeclinable en los inicios del kirchnerismo por considerar que lo suyo era un ciclo cumplido. Desde junio de ese año lo sucedería en el rol Esteban Righi.
Como jefe de los fiscales, Becerra dedicó sus esfuerzos a delinear a gran escala la política criminal del país y participó en distintos expedientes de gran relevancia pública e institucional. En ese marco elaboró dictámenes de trascendencia crítica como el referido a la invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y su pronunciamiento sobre la imprescriptibilidad de delitos como el robo de bebés de desaparecidos durante la última dictadura militar.
También dictaminó a favor de los ahorristas en casos surgidos bajo el contexto de la crisis social que desencadenó el “corralito” durante el año 2001.
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Asimismo, y luego de atravesar en el cargo las presidencias de Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Kirchner, fue propuesto por el gobierno nacional como árbitro titular en el Tribunal Arbitral del Mercosur, donde se dedicó a dirimir conflictos de índole regional hasta la finalización de su periodo fijado en 2008.
A su término, regresó a la ciudad de Mendoza para desempeñarse como uno de los dirigentes de referencia dentro de la comisión del club Independiente Rivadavia, con el cual siempre estuvo vinculado y fue hincha.
