El gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que repudió enérgicamente la reciente decisión de Estados Unidos de catalogar al denominado “Cártel de los Soles” como una organización terrorista. Según las autoridades venezolanas, esta clasificación carece de fundamentos reales y responde a intereses políticos.
La Cancillería sostuvo que la decisión norteamericana constituye una “patraña ridícula”, al afirmar que el grupo señalado por Washington es una construcción ficticia empleada para alimentar un discurso de criminalización contra el país. En su pronunciamiento, el gobierno venezolano insistió en que no existe ninguna estructura criminal de esas características vinculada al Estado, y que la acusación busca instalar una percepción internacional negativa.
Caracas también criticó que la administración estadounidense utilice este tipo de medidas para justificar acciones coercitivas, presiones diplomáticas y el endurecimiento de sanciones económicas. De acuerdo con el comunicado, la etiqueta de “terrorismo” serviría como un argumento para habilitar nuevas maniobras de intervención bajo el pretexto de la seguridad internacional.
El gobierno venezolano interpretó esta declaración como parte de una estrategia histórica de Estados Unidos, a la que acusa de intentar desestabilizar a gobiernos que considera adversarios. Señaló que este tipo de decisiones se repite con distintos países y que forman parte de campañas destinadas a erosionar la soberanía y autodeterminación de las naciones.
Además, Caracas advirtió que la maniobra podría generar tensiones adicionales en la región, ya que —según su postura— introduce un elemento de amenaza externa al relacionar a Venezuela con actividades terroristas sin pruebas verificables. Las autoridades insistieron en que la acusación no solo afecta la imagen del país, sino que también podría utilizarse como argumento para ampliar acciones hostiles.
Al cierre del comunicado, el gobierno reiteró que continuará denunciando lo que considera una agresión política y diplomática, y llamó a la comunidad internacional a no avalar este tipo de señalamientos, que calificó como peligrosos y fabricados.
