A las 8 de la mañana del 1 de junio, México marcará un hito sin precedentes en la historia democrática mundial. Más de 100 millones de ciudadanos podrán participar en una elección inédita: la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito y jueces de distrito mediante voto directo.
Este modelo de elección judicial, único en su tipo, no tiene equivalente en ningún otro país. Bolivia, el único con un sistema similar, permite la elección popular solo de los magistrados de los tribunales más altos. En Estados Unidos, el voto judicial está limitado a algunos jueces estatales. Pero México va más allá, abriendo la puerta a que todos los integrantes del Poder Judicial sean elegidos por sufragio.
La promesa de democratizar la justicia
La iniciativa fue una de las banderas centrales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien entre 2018 y 2024 impulsó la idea de "democratizar" el Poder Judicial. Su objetivo: que los ciudadanos tuvieran la capacidad de elegir y eventualmente remover a los jueces, y así combatir la impunidad y la corrupción que —según el discurso oficial— habían anidado en los pasillos judiciales.
Sin embargo, los votos en el Congreso no fueron suficientes durante su sexenio. La reforma constitucional quedó estancada hasta que en 2024, con el arrollador triunfo electoral de Claudia Sheinbaum y su coalición política, la Cuarta Transformación obtuvo la mayoría necesaria para concretarla.
Ahora, el país inicia una etapa nueva: la elección escalonada de más de 1.700 jueces federales y locales, así como la completa renovación de la Suprema Corte, que reducirá su número de ministros de 11 a 9.
Lo que está en juego: poder, justicia y gobernabilidad
Para muchos, el proceso representa un avance hacia una justicia más transparente y cercana al pueblo. La posibilidad de que los ciudadanos ejerzan control directo sobre quienes imparten justicia es vista por sus defensores como un mecanismo de control democrático y una oportunidad histórica para desmantelar las élites judiciales.
“El voto ciudadano puede convertirse en un verdadero contrapeso”, afirma el politólogo Héctor Alejandro Quintanar, profesor de la UNAM. “Si el Judicial ha sido contrapeso del Ejecutivo y el Legislativo, ¿quién lo ha sido del Judicial? El ciudadano puede tomar ahora ese lugar”, sostiene.
Pero no faltan las voces críticas. Muchos advierten que el proceso podría abrir la puerta a la politización de la justicia, a la elección de jueces sin el perfil técnico adecuado y al riesgo de que grupos de poder, incluidos el crimen organizado, influyan en los resultados.
La analista Viri Ríos, doctora en políticas públicas por Harvard, advierte que esta reforma implica un cambio de paradigma profundo en la democracia mexicana. “Estamos viviendo un momento trascendental. Esta votación redefine los dogmas sobre los que descansa la democracia liberal”, explica. Y agrega: “Antes, los fallos del Poder Judicial no eran atribuibles a ningún partido. Pero ahora, todo lo que ocurra con esta nueva justicia será responsabilidad directa de la coalición gobernante”.
Cómo será la elección del 1 de junio
Pese a que el objetivo es la renovación total del Poder Judicial, el Congreso determinó que el proceso será gradual. Este domingo se votarán:
386 jueces federales
464 magistrados de circuito (la mitad del total)
La totalidad de los 9 ministros de la Suprema Corte
Dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral
15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral
Los cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, organismo encargado de sancionar a jueces y magistrados
En 19 de los 32 estados del país también se votará por jueces locales (alrededor de 1.700), además de celebrarse comicios para alcaldías y otros cargos estatales y municipales. En algunos distritos, los votantes deberán llenar hasta 13 papeletas distintas.
El día después
A partir del 1 de junio, el sistema de justicia mexicano entrará en una etapa desconocida. La legitimidad, independencia y desempeño de los nuevos jueces estarán bajo el escrutinio no solo de los expertos, sino de toda la ciudadanía.
Claudia Sheinbaum, quien inicia su mandato en medio de este profundo cambio institucional, enfrentará el desafío de gestionar las consecuencias políticas y sociales de una reforma sin precedentes. Como advierte Viri Ríos, la Cuarta Transformación será ahora la principal responsable del funcionamiento —o disfuncionalidad— del nuevo Poder Judicial.
