El Parlamento de Israel sancionó una controvertida reforma que habilita la pena de muerte para personas condenadas por asesinatos vinculados al terrorismo, una medida que desató críticas tanto a nivel interno como internacional.
La normativa fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra en la Knéset, con el respaldo del oficialismo encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y sectores de la oposición de línea dura. El proyecto había sido impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
El texto establece que los tribunales militares deberán aplicar la pena capital —salvo excepciones no detalladas— a palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que en el caso de ciudadanos israelíes, la Justicia ordinaria podrá optar por condenas de prisión perpetua. Esta diferencia fue uno de los puntos más cuestionados por organizaciones de derechos humanos.
Además, la ley determina que las ejecuciones deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días desde la sentencia, mediante ahorcamiento, bajo estrictas condiciones de detención y supervisión estatal.
El debate legislativo se extendió por más de diez horas y estuvo marcado por fuertes cruces. Desde la oposición, algunos dirigentes calificaron la iniciativa como “inmoral” y “no igualitaria”, mientras que sus impulsores la defendieron como una herramienta necesaria para reforzar la disuasión frente a ataques violentos.
Durante la sesión, también se plantearon cuestionamientos sobre la posible aplicación desigual de la norma, en función de la identidad de las personas involucradas, lo que alimentó aún más la controversia.
Las repercusiones trascendieron las fronteras del país. Gobiernos europeos, la ONU y el Consejo de Europa expresaron su rechazo, advirtiendo sobre posibles violaciones al derecho internacional. Incluso, sectores militares israelíes alertaron sobre las consecuencias legales que podría acarrear la implementación de la medida.
