El Vaticano aceptó la renuncia del obispo peruano Ciro Quispe López, quien se desempeñaba como prelado de Juli, en el altiplano de Perú, luego de que una investigación interna sacara a la luz un escándalo sexual y financiero que generó fuerte repercusión dentro de la Iglesia.
La decisión fue oficializada el 24 de septiembre de 2025 por la Santa Sede, que informó la salida del religioso bajo la figura contemplada en el canon 401 §2 del Código de Derecho Canónico, mecanismo utilizado habitualmente en casos de pérdida de confianza o conductas impropias.
Quispe López, de 51 años, había sido designado obispo en 2018 por el papa Francisco y desarrolló gran parte de su tarea pastoral en el sur de Perú, una región ligada históricamente al entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, actual papa León XIV.
Si bien ambos compartieron espacios institucionales dentro de la Iglesia peruana, distintas fuentes aclararon que no existía una relación personal cercana entre ellos, sino un vínculo estrictamente eclesiástico y jerárquico.
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Según trascendió, la investigación reveló que el sacerdote habría mantenido relaciones simultáneas con varias mujeres, incluidas religiosas y feligreses. Algunos reportes señalan que existían audios, fotografías y mensajes que respaldarían las acusaciones.
Además, el religioso también es investigado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y bienes pertenecientes a la prelatura de Juli.
Las denuncias apuntan a un supuesto uso de recursos eclesiásticos para fines personales, situación que motivó la intervención de la Nunciatura Apostólica en Lima.
Pese al escándalo, el exobispo negó públicamente las acusaciones y aseguró que se trata de una “campaña difamatoria” en su contra.
“No tengo procesos abiertos ni en el ámbito civil ni eclesiástico”, declaró a medios locales.
Sin embargo, el caso provocó una fuerte crisis dentro de la prelatura y reavivó el debate sobre los mecanismos internos de control e investigación del Vaticano frente a denuncias de conductas inapropiadas dentro del clero.
