La explosiva situación política peruana parió una alianza inesperada. Keiko Fujimori y el comunista Vladimir Cerrón sellaron un pacto de impunidad para controlar el Congreso y los órganos de control de la justicia, para blindarse ante la gran cantidad de procesos judiciales que enfrentan.
La alianza es tan espuria que Fujimori, que como su padre impulsa un neoliberalismo extremo, hizo campaña presidencial en el 2021 contra "el comunismo" de Cerrón, que en ese momento apoyaba a quien resultó ganador de esas elecciones, el maestro rural Pedro Castillo, depuesto el año pasado.
El primer efecto de esta alianza fue tomar el control del Congreso, verdadero poder en este Perú de crisis política crónica. Ambas fuerzas acordaron la nueva mesa directiva que tendrá como presidente del Congreso a Alejandro Soto.
Soto es un diputado del partido Alianza Para el Progreso (APP) y cuenta con 55 causas judiciales. Estará acompañado por el fujimorista Hernando Guerra García en la primera vicepresidencia y Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón en la segunda.
En diálogo con LPO, el politólogo por la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), Eduardo Salmón, afirmó que "la finalidad de la alianza de la izquierda comunista con el fujimorismo tiene un ánimo de impunidad, quieren el control del poder para frenar los juicios que están por abrirse a Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón".
La fiscalía peruana pidió el pasado 10 de junio, 30 años de prisión para Keiko por lavado de activos por coimas de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011. La líder de Fuerza Popular ya había cumplido dos periodos de prisión preventiva entre 2018 y 2020, pero desde mayo de 2020 enfrentaba el proceso en comparecencia restringida.
En el caso de Cerrón, carga con un pedido de cárcel de cuatro años por el delito de colusión en agravio del Estado por irregularidades en la construcción del Aeródromo Regional Wanka, construida cuando era gobernador regional de Junín en el 2014. Por esta causa, Cerrón no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2021 y cedió su partido y puesto a Pedro Castillo. Si la condena avanza deberá ser detenido porque la Justicia determinó en febrero que la pena se hará efectiva una vez que sea confirmada.
Salmón sostiene que "el siguiente paso de este pacto es avanzar por el control de la Junta Nacional de Justicia, un órgano que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura que puede designar o remover jueces y fiscales. El Congreso es quien puede destituirlos y van por ellos", agregó Salomón.
El analista señaló que "una vez que se apoderen de la Junta Nacional de Justicia, irán por los órganos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, para nombrar figuras afines. Es decir, estamos viendo una escalada de autoritarismo desde el Congreso".
"Ya no quedan instituciones ni contrapesos, solo la ciudadanía en las calles que habrá que ver si no llega tarde. Creo que tarde o temprano habrá un estallido que derive en una nueva Constitución. Ahora tenemos un Frankestein que controla todo sin respetar la Constitución", agregó Salmón, que advirtió que "la crisis política empieza a golpear a la economía. Se proyecta una estanflación y la pobreza aumentó a un 30 por ciento".
Salmón explicó que el nuevo presidente del Congreso "es simplemente una muestra máxima de la precariedad del sistema político peruano y de la desfachatez absoluta porque tiene en su haber 55 denuncias en las Fiscalía por estafa, asociación ilícita, abuso de autoridad, enriquecimiento y corrupción".
"Es, probablemente, el presidente del Congreso desde la recuperación de la democracia con más denuncias. A su vez, es un comodín del fujimorismo y el cerronismo, una bisagra entre ambos, no con ánimos de tender puentes sino de evitar que alguna de esas dos facciones den la cara por el Congreso. Es manejable", finalizó.
Como sea, los movimientos de piezas parlamentarias se producen en medio de las protestas que no ceden en Lima y varias ciudades del interior. Soto había votado a favor del adelantamiento de las elecciones presidenciales, una opción que la presidenta Dina Boluarte y el Congreso rechazan sistemáticamente, habrá que ver si ahora mantiene esa posición.
Por Augusto Taglioni
