Defensores del Pueblo provenientes de diferentes partes del país se reunieron ayer en el Fórum Centro de Convenciones, en el marco del segundo plenario anual de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra).

El lema del evento que culminará hoy es: "La vulnerabilidad de los derechos humanos en épocas de crisis: cómo defender y defenderse de los atropellos".

Nuevo Diario entrevistó a María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidenta de Adpra.

- ¿Por qué es importante que se lleve a cabo este plenario?

- Entendemos que desde hace muchísimos años el Congreso está en deuda con la ciudadanía toda al no llegar a un acuerdo para votar al defensor del Pueblo de la Nación. Nuestra asociación, de alguna manera, tiene la voluntad de ser esa voz que está faltando; de poder llevar los reclamos de los argentinos y las argentinas; de todas las personas que han decidido habitar nuestro territorio nacional y que ven vulnerados sus derechos.

- ¿Cuáles son las principales inquietudes de la ciudadanía?

- Vimos crecer exponencialmente las denuncias que recibimos en cada una de nuestras defensorías sobre la vulneración de derechos fundamentales: el acceso a la salud, discapacidad, jubilados… Nada que no veamos en la televisión todos los días. Nos enfrentamos a situaciones complejas. Tramitamos, cotidianamente, reclamos frente al Estado nacional y, muchas veces, frente al Estado provincial; también frente a empresas privadas porque hay una vulneración explícita de derechos con resultados disímiles porque depende de la realidad de cada jurisdicción. Vemos que hay un agravamiento de la situación económica y social de la mayoría de la población.

- ¿Qué valor tiene el Estado que tantas veces fue vapuleado desde Nación?

- Tanto este Gobierno nacional como algún que otro gobierno nacional entienden que el Estado debe desentenderse de determinadas políticas; que esas cosas le corresponden al sector privado, dejando al Estado a cargo de una pequeña parte de la población que no está satisfecha por el marcado. Es la historia de la humanidad. Sabemos que el efecto derrame no existe, que el mercado solamente opera donde recibe ganancias. Entonces, como decía el papa Francisco, el valor es la vida de las personas. Todos tenemos derecho a una vida digna. ¿Quién se tiene que encargar? El Estado. La función del mercado no es encargarse de la dignidad de las personas y que estas estén bien. El mercado se dedica a generar ganancias para pocos.

- ¿Hacia dónde vamos como país?

- No quiero ser pesimista, pero veo cómo todos los días la ciudad de Buenos Aires es el epicentro de la discusión y acción política. El Estado reprime a aquellos que debe cuidar. Salimos todos los miércoles, porque todos los miércoles hay una situación de violencia institucional generada desde el Gobierno nacional con fuerzas federales invadiendo un territorio por 100, 200, 300 jubilados que van a manifestarse al Congreso. Incluso cumplen con un protocolo que es totalmente ilegal, que es el que dictó (la ministra de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich: (los jubilados) están en la vereda, no pisan la calle, no cortan la calle, ¿pero quiénes cortan la calle? Las fuerzas federales. Todos los miércoles nos enfrentamos con un Congreso vallado, con un despliegue y con un recurso financiero que pone el Estado nacional, que es muchísimo para reprimir a entre 100 y 300 manifestantes. O sea, no tiene proporcionalidad alguna. No tiene sentido. Es cruel e inhumano.

—¿La sociedad se hartó?

- La sociedad está mirando, atenta, lo que ha generado este Gobierno: la estabilidad en los precios. Hace un par de meses, coincidentes con la campaña electoral, hemos visto que los precios de la harina, el arroz y los fideos se mantienen estables. Y eso era algo que la mayoría necesitaba, porque la situación inflacionaria no estaba buena, no solamente porque ya no alcanzaba el salario, en el caso de que lo tuvieran, ya sea en blanco o en no blanco. Pero es una situación de incertidumbre en la que los argentinos tenemos mucha experiencia, aunque ahora ha escalado demasiado. Logró una estabilidad que podrían haberla logrado, entendemos muchos, con otros recortes. Es un Gobierno que decidió recortar en los sectores más vulnerables de la población: salud, discapacidad, jubilaciones. También entendemos que hay algo de ficticio en esa estabilidad: así como hay una estabilidad de precios de lo cotidiano, de los productos de almacén, hay un aumento exponencial de los servicios. No vemos un buen panorama porque venimos gestionando reuniones con ministros, secretarios y subsecretarios para tratar temas puntuales, y terminamos siempre con un 'no'. Es algo que el Gobierno nacional hace, en general, de forma pública. No hay una voluntad o capacidad para repensar cómo generar recursos o de dónde recortar; más bien lo que vemos es una política improvisada de desguace. Estamos altamente preocupados.