La Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de Mendoza, que integran el fiscal Dante Vega y los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar, solicitó la imputación de 24 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes en el marco del terrorismo de Estado.
Niños y niñas secuestrados junto a sus padres, obligados a presenciar tormentos, depositados en Casa Cuna para no entregarlos a sus familias: esos son algunos de los patrones de criminalidad que puso en práctica la última dictadura y que, a diferencia de las apropiaciones ilegales, permanecen impunes en su gran mayoría.
Una de las categorías que identifican los fiscales se vincula contra la identidad. Además de la apropiación, sustracción, retención u ocultamiento de menores de 10 años, casos examinados en otros procesos, el escrito incluye el caso de una niña remitida por el D-2 como NN a la Casa Cuna, pese a que los policías conocían su identidad, hasta que la familia logró recuperarla.
Gran parte de los imputados por Vega, Rodríguez Infante y Quintar ya fueron juzgados y/o condenados en otros juicios de lesa humanidad, por los secuestros, torturas y asesinatos de sus padres.
Con información de Página 12