El Gobierno anunció un proyecto de ley para “blindar” a los ahorristas argentinos que enviará al Congreso, aunque sus alcances siguen siendo un misterio. La iniciativa, presentada como parte de la segunda etapa del nuevo paquete de medidas para empujar a los argentinos a “sacar los dólares del colchón”, fue anticipada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el titular de ARCA, Juan Pazo. Según explicaron durante la conferencia de prensa, el objetivo es proteger a quienes blanqueen dólares ante eventuales futuras administraciones que puedan modificar el régimen actual. Sin embargo, el anuncio solo contempló formalmente la primera fase del plan: la publicación de decretos que modificarán el sistema mediante el cual ARCA accede a información automática para fiscalizar a los contribuyentes, junto con la creación de un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Según pudo reconstruir este diario, el proyecto de ley todavía no está escrito, o no ha salido aún de Balcarce 50. Recién el lunes está previsto un encuentro con diputados oficialistas en la Casa Rosada para presentar los lineamientos de la medida.

El anuncio de una ley “para blindar a los ahorristas” generó sorpresa y desconcierto en los pasillos del Congreso, incluso entre las propias filas del oficialismo. Desde la presidencia de la Cámara baja admitieron que “el Ejecutivo está trabajando”, aunque no pudieron aportar mayores precisiones. Tampoco los diputados libertarios conocían el contenido del proyecto y se limitaron a celebrar las desregulaciones. “Lo principal de este plan es restaurar la presunción de inocencia en materia impositiva en la Argentina”, dijo a Página/12 el diputado Carlos D’Alessandro. En Casa Rosada explicaron que serán "cambios legislativos que brinden seguridad" a quienes utilicen sus dólares sin declarar, por caso una modificación de los plazos que tendrá el Estado para accionar contra quien cometa delitos tributarios, adelantaron.

En la previa, los bloques más confrontativos con el Gobierno advertían que cualquier cambio de fondo podría chocar con la Ley Penal Tributaria, y anticipaban que los anuncios carecerían de validez jurídica si no pasaban por el Congreso. Finalmente, el anuncio fue bastante más modesto de lo que se esperaba.

Leyes necesarias

El diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagnetto —ex titular de la AFIP—, explicó a este diario que, si bien “la mayor parte de lo anunciado puede salir por regulaciones del administrador”, el Ejecutivo debería enviar un proyecto que modifique, al menos, la Ley de Régimen Penal Tributario y la Ley del Impuesto a las Ganancias, especialmente en lo relativo al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. “Solo lo vinculado a montos se puede resolver por resoluciones del organismo recaudador; el resto debería pasar por el Congreso”, señaló, aunque estima que el Gobierno intentará concentrarse únicamente en el presunto "blindaje".

Castagnetto también advirtió sobre las consecuencias fiscales y legales del nuevo régimen: “Va a bajar la recaudación porque nadie va a querer dar una factura”. Además, anticipó posibles conflictos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por la no declaración de plazos fijos y propiedades, y subrayó que “cualquier Estado serio necesita tener esa información”. Para el diputado, el Gobierno debe rendir cuentas: “Ya tuvieron un blanqueo de 20.000 millones de dólares, adquirieron otros 20.000 millones del Fondo Monetario y 1.000 millones del Banco Mundial. Si otro blanqueo es necesario, ¿qué están haciendo con la plata?”, se preguntó. “Es un parche de lo que iban a presentar”, concluyó. Para varios legisladores consultados, el anuncio chocó con límites fiscales y legales, y por eso quedó a mitad de camino.

La diputada Julia Strada fue más tajante: “Las medidas vinculadas a limitar la información y a la declaración de Ganancias sin tener en cuenta patrimonios o consumos son un desincentivo a pagar impuestos. Giles los que pagan, es el mensaje”, escribió en su cuenta de X.

Fuegos de artificio

El resto de las fuerzas tampoco estaban al tanto del alcance que podría tener la nueva ley. Desde Encuentro Federal, el diputado Oscar Agost Carreño señaló: “No es prudente opinar sin ver en detalle el texto de las normas que contendrían las medidas. Muchas veces los anuncios de este Gobierno no se cumplieron luego en normas”. Y agregó: “Siempre es bueno eliminar burocracias y facilitar operaciones comerciales, pero la prudencia tiene que ver con tomar medidas que no dañen la credibilidad de la Argentina ante el GAFI, los inversores y otros países”.

En el bloque Democracia Para Siempre tampoco había llegado información alguna. Pese a los fuegos de artificio del anuncio, la mayoría de los legisladores prefirió no precipitarse. Saben que muchas veces los grandes anuncios del Ejecutivo no se traducen en hechos. Una fuente parlamentaria recordó a este diario que el último atajo utilizado por el Gobierno para aprobar un nuevo endeudamiento ante el FMI fue la ratificación de un Decreto de Necesidad y Urgencia: “Siempre eligen el camino más corto, resumió.

Ayer, muchos diputados ya habían regresado a sus provincias tras la sesión fallida del miércoles. La estrategia para retomar la agenda de los bloques opositores será dejar pasar algunos días y volver a convocar una sesión, posiblemente el 4 de junio. “La intención es retomar los mismos temas, pero sacar del medio la discusión por la AGN”, adelantaron.

Conscientes de las limitaciones para sancionar leyes, en Casa Rosada prefirieron no arriesgar plazos para el envío del proyecto y mucho menos para su aprobación. “Si no es con este Congreso, será con el próximo”, se resignaron.

Con información de Página 12