Jorge López, presidente de la Fundación Familias Protectoras, se refirió al caso de Loan Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio pasado: “¿Qué pasó con el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación que no actuó de inmediato con la Alerta Sofía? Así como se coordinan todos los recursos de las fuerzas federales para la represión, se debería hacer lo mismo ante un niño que no se encuentra”, cuestionó en diálogo con el equipo de Nuevo Diario.

Según datos provistos por Missing Children Argentina, en el país se registran en la actualidad más de 100 niños, cuyos paraderos se desconocen. A López le pareció importante precisar que “se evita usar la palabra ‘desaparecido’, ya que tiene connotaciones muy debatidas entre las organizaciones para tipificar estos casos: se podría afirmar que ningún niño desaparece voluntariamente, como así también que en la actualidad sería inadmisible que a un niño no se lo encuentre rápidamente”.

El presidente de Familias Protectoras acusó que “nunca se convoca a las organizaciones sociales, tal como lo exige esta alerta, que tienen experiencia territorial y siguen otros protocolos muy distintos a los oficiales, que a la actualidad nunca dieron resultado, gastando millonadas de pesos en megaoperativos para la prensa, pero que nunca descubren nada”.

El también fundador de Ruta ESI reclamó: “Cuándo se va a tomar en serio una agenda desde las infancias para las infancias, con políticas públicas federales que, si quieren obtener resultados distintos, deben empezar a pensar métodos distintos, en el caso de que realmente les importe cuidar a los niños”.

Y agregó: “En esto, por más que se señale que siempre está involucrado alguien cercano o de confianza a la familia, también se sabe que están involucradas redes de tratas de personas, si no es imposible que un niño desaparezca de la nada”.

Vale mencionar que desde la Fundación Familias Protectoras y Ruta ESI llevan adelante propuestas de reflexión sobre pedagogías de los cuidados para trabajar junto a las familias y la comunidad, “por el cuidado integral de las infancias”.

En rigor: aportan herramientas para vivir en comunidad, es decir, ponen la mirada en la protección integral de los derechos de los niños y afianzan el ejercicio real de sus derechos “propiciando espacios de escucha activa para que su voz sea tenida en cuenta. Para ello, también hay que reeducar a los adultos responsables que se consideran ‘dueños’ de los niños y no los ven como sujetos de derechos”, expresó López.