Desde el Gobierno nacional y otros bloques aliados buscarán hoy aprobar, en un plenario de cuatro comisiones de Diputados, un proyecto de Régimen Penal Juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y un sistema integral para abordar la problemática de los menores involucrados en el delito.

Nuevo Diario habló con Candela Chávez, presidenta del Fórum Infancias Santiago del Estero, quien analizó: "Es un problema muy complejo y requiere un tratamiento específico: la propuesta de bajar la edad es la punta del iceberg de algo muchísimo más complejo".

El debate se aceleró luego de varios hechos de inseguridad que fueron protagonizados por menores de edad, en Buenos Aires. Uno de los detonantes fue el caso de Kim Gómez, de siete años, que fue asesinada por dos delincuentes de 14 y 17 años.

"Muchos adolescentes que cometen delitos provienen de entornos donde sus derechos han sido vulnerados, como la falta de acceso a educación, salud y protección contra la violencia. Los informes del Comité de Derechos del Niño de la ONU analizan cómo la pobreza, la violencia familiar y la exclusión social afectan a los adolescentes. En sus observaciones, mencionan que la falta de protección de los derechos puede llevar a comportamientos delictivos", señaló Chávez.

El proyecto es resistido por el kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Pastoral Social de la Iglesia Católica.

La presidenta del Fórum deslizó que una investigación compartida desde la Universidad de Buenos Aires "analizó casos de adolescentes en conflicto con la ley y encontró que muchos de ellos habían experimentado vulneraciones a sus derechos, como el abuso físico y emocional, la falta de acceso a educación y la desintegración familiar".

Y explicó: "Es más complejo porque inicialmente hay que distinguir imputabilidad de punibilidad. Imputabilidad es la capacidad de una persona de comprender el alcance y los efectos de un delito cometido; es decir, la capacidad psíquica y responsabilidad jurídica. Y punibilidad es la posibilidad de aplicar una sanción o pena a una conducta; es decir, lo susceptible de ser castigado".

Actualmente, en nuestro país, son punibles desde los 16 años. Sin embargo, entre los 16 y los 18 años, son privados de su libertad en centros de detención que tienen organización y resguardos específicos. Mientras que entre los 18 y los 21 años son privados de su libertad en institutos con características diferentes.

"La gente posiciona a estos chicos en el lugar de criminales cuando están en desarrollo y plena construcción del sentido de responsabilidad. Es un 'mal de época' porque en la actualidad se piensa que la violencia y la crueldad son las vías más óptimas para la resolución de conflictos. En nuestro país y en nuestra provincia, hay cada vez menos lugar para las diferencias", reflexionó la doctoranda en psicología.

Chávez, quien aseguró que "la cárcel no es la solución", relacionó "el delito con la carencia, la falta de recursos materiales y simbólicos y oportunidades de ver, pensar y actuar diferente".

"Como adultos, nos necesitan disponibles para el ofrecimiento de un marco regulatorio donde puedan desplegar sus impulsos agresivos, sus sentimientos de desintegración y fundamentalmente el manejo de sus impulsos", concluyó la presidenta.