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Prohiben salir del país a la fiscal general, congelaron sus cuentas y sería juzgada

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela prohibió este miércoles salir del país a la fiscal general de la República, la chavista disidente Luisa Ortega Díaz, ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y convocó para el martes próximo la audiencia oral y pública en la que iniciará el debate sobre si debe ser juzgada.

 

La máxima corte aclaró que adoptó las medidas cautelares contra la funcionaria judicial por unanimidad de sus miembros y a pedido del diputado Pedro Carreño, que es además uno de los vicepresidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante.

 

El TSJ precisó que la solicitud de antejuicio de mérito presentada hace 12 días por Carreño contra Ortega fue impulsada "por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo".

 

El antejuicio de mérito es un proceso mediante el cual el TSJ decide si es pertinente quitarle los fueros a un funcionario para que pueda ser sometido a juicio y podría significar el cese temporal de Ortega en el cargo.

 

Carreño acusó a Ortega de "atentar, lesionar o amenazar la ética publica y la moral administrativa"; "actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución", y "violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución".

 

Más temprano, Ortega denunció que hay en marcha un "proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público" (MP) luego de que el TSJ divulgara un fallo que transfiere atribuciones constitucionales de ese organismo a la Defensoría del Pueblo y destituyera al vicefiscal general, Rafael González Arias, designado por aquélla hace diez días.

 

El MP y la Defensoría forman parte del Poder Ciudadano -uno de los cinco poderes constitucionales de la república en Venezuela- y están a cargo de los reconocidos chavistas Ortega Díaz y Tarek William Saab.

 

Sin embargo, Ortega Díaz quedó enfrentada con el gobierno al criticar en los últimos tres meses varias iniciativas, como los fallos del TSJ que limitaron la inmunidad de los diputados y se arrogaron la facultad de legislar, y la convocatoria de Maduro a una asamblea constituyente.

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