Son 77 los testigos que declararon en el marco de la causa que involucra a la empresa brasileña y sus vínculos comerciales con funcionarios del gobierno kirchnerista, y que denuncia hechos de corrupción en la utilización de fondos destinadas a obras del Sarmeinto.

En este sentido, la oficina de Rodrigo Janot aclaró que no están autorizados a "enviar testimonios de arrepentidos sin marco legal que iguale acuerdos a los que arribaron con exdirectivos de la constructora por sobornos en causas locales.

De esta forma, la justicia de Brasil le bajó la persiana al suministro de información sobre el caso Odebrecht, y condicionó cualquier avance en las causas en la Argentina al respeto de las garantías para los implicados que fueron acordadas por los tribunales de su país al pactar los convenios por delaciones premiadas.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal fue claro al manifestar que "Brasil no está autorizado a enviar al exterior las pruebas aportadas por colaboradores, no pudiendo tampoco proporcionar la recolección de testimonios de esos mismos colaboradores, sin una imposición de límites al uso de la prueba aportada voluntariamente por ellos". De este modo, quedaron acotadas las posibilidades de que se abran las evidencias concretas del pago de coimas en las obras locales, aunque la estrategia propuesta por la comisión binacional de fiscales, creada en los últimos días, será intentar colarse por los resquicios que existan entre los expedientes originales, las filtraciones periodísticas y las chances de impulsar las denuncias a nivel local.