El retiro de Reino Unido de la Unión Europea –el Brexit– podría abrir una doble ventana de oportunidad para una política exterior definida en clave de desarrollo económico como la concebida y ejecutada por el presidente Mauricio Macri y su canciller Susana Malcorra.

La primera ventana de oportunidad, más factible de plasmarse en medidas concretas a corto y mediano plazo, está ligada al común interés argentino y británico por estimular su mutuo intercambio económico. Del lado del Gobierno de Macri, existe la necesidad de atraer capitales externos para financiar obras de infraestructura energética, de servicios y para generar fuentes de empleo interno. Los voceros del Gobierno y del empresariado británico han señalado su interés en invertir en la obra pública en Argentina, y en los sectores de energía, minería, agronegocios y producción de bienes industriales, áreas que también son consideradas prioritarias en la agenda del Gobierno de Cambiemos.

Del lado del gobierno de Theresa May, existe la necesidad de revertir el negativo impacto económico de la salida de la UE enhebrando un conjunto de acuerdos de libre comercio con países miembros del Commonwealth -como Australia y Nueva Zelanda-, lista a la que se podría agregar la Argentina. El hecho de que el ministro para Europa y las Américas del gobierno británico, sir Alan Duncan, haya venido a la Cumbre de Inversiones (el “Mini Davos”) que se celebró en Buenos Aires acompañado por 40 CEO y empresarios británicos, demuestra que Gran Bretaña, tras su salida de la UE, está buscando retornar al rol previo a su inserción sui generis a la Comunidad Europea: el de ser un país-isla que cortó los lazos con la UE pero no con el resto del mundo, un país-isla pero no aislado, un país en cuya definición del interés nacional no caben, como decía el primer ministro Lord Palmerston, ni “aliados eternos ni enemigos permanentes”: sólo intereses permanentes; un país que define sus intereses en clave comercial-empresarial y que por ende encuentra de interés tener contactos más fluidos con otro cuyo gobierno también define su política externa en una clave similar.

Pero este mutuo interés de las autoridades de Buenos Aires y Londres por estrechar lazos económicos está condicionado por varios factores externos e internos. Entre los primeros, cabe mencionar los términos en los cuales las autoridades de Londres oficializarán su divorcio con las comunitarias de Bruselas siguiendo los lineamientos del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Ese divorcio es el prerrequisito para la concreción de los acuerdos de libre comercio con Buenos Aires. Por el lado de las autoridades de la Casa Rosada y del Palacio San Martín, el gran desafío pasará por compatibilizar un eventual acuerdo con Gran Bretaña con los compromisos argentinos con Brasil y el resto de los miembros del Mercosur, y ver en qué medida un acuerdo entre Buenos Aires y Londres podrá o no ser el puntapié para el discutido pero aún no establecido convenio entre Mercosur y UE. En palabras del embajador argentino en Londres, el economista Carlos Sersole de Cerisano: “El Reino Unido es el aliado más importante que tiene Argentina en la negociación Mercosur-Unión Europea. En el mediano y largo plazo, una vez que los británicos decidan el Brexit, tendremos que pensar en un acuerdo Mercosur-Gran Bretaña. Ellos están interesados en un acuerdo con la Argentina. Pero nosotros también tenemos compromisos a nivel regional”.

La segunda ventana de oportunidad, más complicada de concretarse a corto y mediano plazo, es la recuperación de la soberanía argentina en Malvinas. A corto y mediano plazo, y tal como sostuvo la canciller Malcorra, el reciente acuerdo firmado con Gran Bretaña referido a Malvinas se aplica “la regla del 80-20”, que acuñó en 1896 el economista italiano Vilfredo Pareto. Malcorra explicó que con el Reino Unido aún existe “un 20% de desacuerdos” y “diferencias muy profundas”, pero que se puede trabajar en el restante 80% de consensos. El 20% es, sin lugar a dudas, la espinosa cuestión de la soberanía de las islas, cuya defensa está consagrada constitucionalmente por la Cláusula Transitoria N°1 de la reformada Constitución Nacional de 1994. Por contraposición, el principio de acuerdo firmado, que establece un nuevo vuelo entre el continente y Malvinas y habla de futura cooperación en hidrocarburos, pesca, navegación y turismo, es parte del 80% donde las partes podrían avanzar más rápidamente dada la existencia de intereses convergentes en un intercambio económico y cultural bilateral más estrecho que el registrado durante esta última década.

Que ese 20% de discrepancia, relacionado al tema de la soberanía en Malvinas, que está teñido con la sangre de los soldados caídos en la guerra de 1982, que tiene mandato constitucional, y que además cala en lo más hondo de la cultura política argentina, se pueda resolver o no a mediano y largo plazo dependerá de qué contenido le dé a futuro el Gobierno de Macri al concepto de soberanía.

Si el actual Gobierno se aferra a la tradicional concepción territorial westfaliana de la soberanía -entendida como control del Estado argentino sobre el territorio y población del archipiélago malvinense, formalmente justificada en el principio de integridad territorial y claramente evidenciada en algunas reacciones de los medios y de los representantes de la clase política al acuerdo firmado entre Malcorra y Duncan- podría tener réditos electorales de corto plazo -como los tuvieron los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández- pero al costo de echar por tierra la ventana de oportunidad que ofrece la salida británica de la UE en términos de comercio, inversiones, cooperación científico-tecnológica y cultural entre la Argentina y el Reino Unido. Identificar soberanía argentina en Malvinas en términos de control de territorio y de población de las islas implica definir el diferendo como uno de dos actores: argentinos y británicos, sin reconocer la entidad a los malvinenses. Y este camino es un callejón sin salida, porque alimenta en los isleños posiciones maximalistas de hostilidad que, al generar necesariamente respuestas simétricas en la otra parte, son la negación misma de la negociación.

Si, por el contrario, el Gobierno de Macri buscara una concepción alternativa de la soberanía -una soberanía no territorial westfaliana, sino de interdependencia económica, humanitaria y política-, ese 20% estaría más cerca de resolverse. El momento parece muy propicio para aplicar esta concepción de la soberanía de interdependencia económico-humanitaria. El Brexit ha potenciado tanto la necesidad británica de estrechar lazos con el mercado argentino como el interés británico y malvinense de explotar los recursos pesqueros y petroleros en aguas de Malvinas. Como ha explicado Escudé, esa explotación necesita contar con el visto bueno de la Argentina, sin el cual la misma resulta peligrosa y antieconómica para cualquier inversor, las inversiones petroleras en alta mar son sumamente caras, muchísimo más que las hechas en tierra firme.