Analizando las variables macroeconómicas planteadas, podemos apreciar que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo prevé para 2017 un crecimiento del 3,5%, tasa que de lograrse sería la más alta de los últimos 6 años en los que la economía argentina ha permanecido estancada o en recesión.

Si consideramos, además, que la inflación proyectada para 2017 se reduciría progresivamente hasta ubicarse entre un 12 y un 17%, con un PBI que alcanzaría los 9.750 billones de pesos, 23,6% más que en 2016, se puede concluir que el Gobierno evalúa una mejora sustancial en el funcionamiento de la economía.

Lo importante es que esa consideración del Poder Ejecutivo se fundamenta en acciones concretas tendientes a garantizar el crecimiento, como la eliminación del cepo que limitaba la capacidad de la industria nacional y la cancelación de la deuda con los holdouts que nos permitió acceder nuevamente al crédito internacional y en políticas inteligentes como es la decisión responsable de producir una disminución racional del déficit fiscal hasta ubicarlo en un 4,2%; una reducción mayor, como seguramente van a reclamar los sectores más ortodoxos del ajuste económico, hubiera significado un grave error que impediría la recuperación de la economía.

De esta manera, y con otras medidas ya anunciadas como la modificación de la escala de Ganancias, que mejorará el ingreso de millones de argentinos contribuyendo a sostener el mercado interno, y una distribución más equitativa de los recursos con las provincias, el Gobierno nacional apuesta a garantizar el crecimiento pautado. El presupuesto mejora notablemente la calidad del gasto destinando mayor inversión en el área social que años anteriores. Le asigna a este rubro un crecimiento de más del 30% frente a una expansión total del gasto de aproximadamente 23%.

En el mismo sentido se comporta la inversión destinada a vivienda y urbanismo con un incremento aproximado de 60%, instrumento fundamental para avanzar en la dirección de resolver el déficit habitacional grave que padecen millones de compatriotas.

En materia de obra pública, expresa la importancia que el Gobierno le asigna a la infraestructura para mejorar tanto la calidad de vida de la gente, como la logística y la productividad, imprescindibles para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico. En este sentido es muy positivo que se destine la importante suma de 95.000 millones de pesos al Plan Belgrano, que se proyecten 2.800 kilómetros de autopistas y que se avance en el desarrollo de energías renovables.

Los presupuestos de la gestión kirchnerista, lejos de ser trabajos serios a partir de los cuales el país pudiera —a través del Congreso— decidir la orientación del gasto, fueron dibujos utilizados para la parodia de tratamiento que montó el oficialismo de ese tiempo con el objeto de administrar los recursos del Estado sin control.

Esa discrecionalidad fue utilizada para disciplinar descaradamente a gobernadores e intendentes y a partir de la misma se cometieron gravísimos errores como la política de subsidios implementada. Pero la falta de control generada también de alguna manera por la ausencia de presupuestos serios, posibilitó el plan sistemático de corrupción que se implementó a partir de la obra pública.

Estamos, desde este punto de vista, frente a un progreso importante. A partir de ahora tendremos la oportunidad de debatir seriamente el presupuesto para el que deberemos buscar consensos y aceptar propuestas que puedan, incluso, mejorarlo.