En el marco de las reformas propuestas por el presidente Javier Milei, la Ley Ómnibus enviada al Congreso incluye un peculiar requisito para la realización de reuniones en espacios públicos: si participan tres o más personas, se deberá solicitar permiso al Ministerio de Seguridad de la Nación con una antelación de 48 horas.

Este controvertido requisito forma parte del capítulo dedicado a la Seguridad Interior, que busca reglamentar la organización de manifestaciones con sanciones severas para los organizadores y aquellos que afecten el normal funcionamiento de los transportes.

Notificación y Requisitos para Reuniones Públicas De aprobarse sin modificaciones, la ley establece que las reuniones o manifestaciones de tres o más personas en espacios públicos deben ser notificadas al Ministerio de Seguridad al menos 48 horas antes de su realización. La notificación debe incluir detalles como la identificación del convocante, el propósito de la movilización, el recorrido, la duración estimada y la cantidad de participantes.

Una vez recibida la información, el Ministerio de Seguridad otorgará un comprobante de presentación que los organizadores deben tener durante la realización del evento. Sin embargo, la entidad tiene la facultad de oponerse a la reunión por razones de seguridad, proponer cambios en horario, ubicación o fecha, y se reserva el derecho de intervenir si la movilización obstaculiza el tránsito.

Sanciones y Responsabilidades de los Organizadores En caso de incumplimiento durante una movilización autorizada, el Ministerio de Seguridad puede intimar a los organizadores a cesar la violación de la normativa. De no acatar la orden, se tomarán las medidas correspondientes.

Dentro de las modificaciones propuestas para el Código Penal, se establece una figura penal para quienes organicen reuniones que afecten la circulación o transporte público, con penas de prisión de dos a cinco años. Los organizadores serán responsables por los daños causados durante la movilización, tanto físicos como materiales.

Esta iniciativa se suma a otras medidas polémicas propuestas por el gobierno de Milei, marcando un enfoque inusual en la regulación de las manifestaciones y la participación ciudadana en espacios públicos. La Ley Ómnibus sigue generando debate y controversia en el ámbito político y social argentino.