Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), expuso en el debate presidencial del domingo pasado: “Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 desaparecidos, fueron 8.753”, en el bloque “Derechos humanos y convivencia democrática”.
Esta declaración provocó un repudio generalizado por parte de un sector de la población. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, por citar un ejemplo, acusó: “Ofende de manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos y a las abuelas, que tenemos un doble dolor: buscamos a nuestros hijos y a sus hijitos nacidos en cautiverio”.
Nuevo Diario, por tal motivo, se contactó con Luis Garay, director del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero (IEM), quien expresó: “Hacen hincapié en el número. Un número con el que pretenden disminuir la gravedad de los hechos, cuando en realidad, así haya un solo desaparecido ya es un hecho de gravedad en nuestro país”.
Respecto de la cifra, profundizó: “Lo hemos dicho hasta el cansancio: 30.000 es número simbólico. Pueden ser más, pueden ser menos. Aún así, la cifra que él da de 8.753 desaparecidos es una enormidad. No demuestra más que la brutalidad de lo que ellos quieren negar”.
Según Garay, en el bloque de LLA “nos tratan de llevar a un terreno en el que pretenden reflotar una vieja discusión, que, por suerte, ya fue zanjada. Y fue zanjada por la Justicia, sino veamos el número de imputados condenados en el país por delito de lesa humanidad; enjuiciados y condenados”.
En rigor, un informe elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (2022) indicó que desde el reinicio (2006) de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado fueron condenadas 1.117 personas y 168 resultaron absueltas en 294 sentencias dictadas por tribunales de las diferentes jurisdicciones federales del país.
“Seguimos en ese camino en búsqueda de verdad, memoria y justicia porque sabemos que todavía falta mucho por hacer en el proceso de construcción de verdad, justicia y reparación”, reflexionó el titular del IEM.
Al respecto de este capítulo en la historia argentina y el trato por parte de LLA, dijo: “Hablan de una historia tuerta, queriendo llevar la discusión al plano de la guerra. La guerra es el argumento a través del cual los mayores responsables de este genocidio, como en el caso de (Emilio) Massera, pretendieron justificar sus acciones. El Estado no debe convertirse en un Estado criminal y terrorista, que es en lo que se había convertido. No hubo una guerra, ya se demostró: hubo un plan sistemático de exterminio que tenía por objetivo terminar con las resistencias sociales, políticas, gremiales para poder instaurar un plan de principios neoliberales a través de la reorganización social y económica de nuestro país”.
Garay, por último, advirtió que esto “es lo que pretenden seguir haciendo y para lo cual necesitan represión. Por eso hoy tratan de volver sobre esa discusión. Ese plan no cierra sin represión. Necesitan gente que reprima, porque es un plan de hambre. Necesitan seguir reordenando e imponiendo las mezquinas leyes que favorecen siempre los intereses de unos pocos. Eso es lo que intentan con la brutalidad de sus discursos, eso es lo que quedó en claro en el debate en el que Milei se mostró de cuerpo completo”.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia emitió un comunicado en repudio
La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia emitió un comunicado respecto de los dichos de Milei: “Preocupación por declaraciones negacionistas en el primer debate presidencial 2023”:
“A 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, la Secretaría de Derechos Humanos de Santiago del Estero expresa su profunda preocupación por los dichos del candidato Javier Milei en el primer debate presidencial 2023. Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina no hubo una guerra ni excesos. El Estado planificó y ejecutó un plan sistemático de exterminio que ha sido probado por la Justicia en más de 300 juicios por crímenes de lesa humanidad. Negar o poner en duda el número de 30.000 detenidos/ desaparecidos es negar el genocidio y reivindicarlo. Aunque es lamentable reducir la dimensión del genocidio a un problema contable, la cifra no es arbitraria ni caprichosa. Es una estimación en base a informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y las denuncias que se recibieron en el país y en ámbitos internacionales. Los jefes de la dictadura informaron en el año 1978 que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000. La dictadura continuó en su labor de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe. Hoy se han logrado identificar aproximadamente 800 centros clandestinos de detención, tortura y desaparición en todo el país, si se calcula que por cada uno pasaron al menos 40 víctimas la cifra de detenidos / desaparecidos es aún mayor. Este número es un símbolo de la lucha por los derechos humanos en busca de memoria, verdad y justicia y porque nunca más se repita lo sucedido”.