El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero resolvió ayer condenar a seis imputados y absolver a otros ocho al finalizar el juicio por la defraudación en perjuicio del PAMI a través de recetas falsificadas de insulinas y tiras reactivas para afiliados diabéticos.

En la última audiencia, luego de que los acusados brindaran sus últimas palabras ante el Dr. Abelardo Jorge Basbús, quien actuó como tribunal unipersonal, se pasó a un cuarto intermedio. Posteriormente, la secretaria, Dra. Bárbara Llinás, leyó el veredicto.

En este sentido, el Tribunal condenó a Teresa Acosta por resultar partícipe secundaria del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución en suspenso; a Edgardo Rafael Alegre por defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con falsificación de recetas médicas, a dos años de prisión en suspenso; a Ricardo Rodolfo Cardozo (empleado de farmacia) por defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con aceptación de recetas médicas de procedencia ilegítima o irregular a dos años de prisión en suspenso; a Juan Pablo Córdoba (empleado de farmacia) por defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con aceptación de recetas médicas de procedencia ilegítima o irregular a dos años de prisión en suspenso; Nelson Enrique Villalba (comerciante) por resultar autor en grado de tentativa de defraudación en perjuicio de la administración pública a tres años de prisión en suspenso: y a Hugo Daniel García por coautor en grado de tentativa de defraudación en perjuicio de la administración pública a un año y seis meses de prisión en suspenso.

Absoluciones

Por otra parte, el tribunal absolvió por el beneficio de la duda a Dalma Diana Díaz Gattoni (empleada de comercio), María de los Ángeles Luna (farmacéutica), María Florencia Montes (farmacéutica), Cristian Fernando Leyría y Augusto Javier Petros (farmacéutico) por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con aceptación de recetas médicas de procedencia ilegítima o irregular. 

Asimismo, absolvió a Miguel Ariel Rago (comerciante) por ausencia de acusación de la Fiscalía en la citada causa; a Walter Eduardo Rago (comerciante) por el beneficio de la duda y por el pedido de exención de pena formalizado por la Fiscalía; y a Juan José Sánchez (comerciante) por el beneficio de la duda por defraudación en perjuicio de la administración pública.

Finalmente, el magistrado no hizo lugar al pedido de reparación.

La investigación se inició en marzo de 2016, luego de una denuncia penal realizada por directivos de la obra social de los jubilados y pensionados por presuntas maniobras delictivas mediante la utilización ilegítima de recetarios y datos de afiliados fallecidos o dados de baja, con el objeto de obtener tiras reactivas e insulinas. Los medicamentos, que se retiraban de las farmacias porque tienen una cobertura del cien por ciento, posteriormente eran comercializados por fuera del sistema, generando suculentas ganancias con el paso del tiempo y provocando un grave perjuicio al Pami.