Este jueves se llevó a cabo el allanamiento y secuestro de documentación en la casa central de Edesur en Buenos Aires y en tres oficinas comerciales, encomendados por el juez federal Ernesto Kreplak y a cargo de la Policía Federal. La medida fue tomada en la denuncia realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires contra Edesur por "entorpecimiento de servicios públicos".

Los documentos incautados serán analizados por la Justicia y servirán de pruebas para llevar adelante la investigación de los presuntos delitos en los cortes de suministro de energía eléctrica en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

La investigación busca información sobre las comunicaciones entre la empresa y distintos organismos vinculados al sector energético, como Cammesa, Sacme, Edenor y el grupo Enel. El magistrado también requirió la entrega de informes de auditorías, total de usuarios afectados y daños, así como expedientes sobre los anuncios de venta de los activos de Enel a la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos.

Por otra parte, el interventor del ENRE, Walter Martello, presentó una denuncia penal para que se investigue a las autoridades de la empresa Edesur por supuesta "defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos". Además, solicitó una medida cautelar de prohibición de salida del país de los principales directivos de la firma.

Esta semana, Jorge Ferraresi asumió la intervención administrativa de Edesur, ante la falta de respuesta de la empresa por los cortes de luz registrados durante las dos últimas semanas.