Las autoridades de Perú “no protegieron los derechos a la vida y de reunión pacífica de dos manifestantes” que murieron por disparos de la policía en una protesta pacífica en 2008,  dictaminó el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, junto con otras 700 personas, participaron en una protesta campesina en la región de Ayacucho en febrero de 2008.

Recibieron disparos en la cabeza cuando se dispersaban y mientras se encontraban de espaldas. 

“El uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario”, recuerda el comité. 

El Congreso de la República creó una Comisión Investigadora, que en 2009 concluyó que ambas muertes “constituyen ejecuciones extrajudiciales”. Sin embargo, las investigaciones judiciales no se llevaron a cabo de manera adecuada. Como resultado, el acusado fue absuelto. 

Familiares de las víctimas presentaron una queja al Comité en 2017. 

El Comité encontró que Perú violó los derechos a la vida y de reunión pacífica, así como el derecho de sus familiares a un recurso efectivo, publica la ONU.

El Comité solicitó a Perú que lleve a cabo una investigación exhaustiva y efectiva, imponga sanciones penales y administrativas a todos los agentes responsables y proporcione una indemnización adecuada a los familiares de las víctimas.