Los principales adversarios del Gobierno ante el veto a la ley antidespidos no eran los bloques opositores en Diputados, que al final confluyeron para sancionar la norma con una rotunda mayoría de 147 votos. Eran las centrales sindicales más poderosas, las tres vertientes de la CGT, con el camionero Hugo Moyano a la cabeza, que apenas unas semanas atrás habían empujado este proyecto en el Congreso casi como si fuera la prioridad de la década. Y amenazaban con parar el país, si la ley era vetada.

El presidente Mauricio Macri la vetó el viernes, como había avisado, pero desde días antes, sorpresivamente, el silencio sindical fue estruendoso, con excepción de gremios aislados, algunos dipusindicales y las CTA, siempre más combativas pero con muy relativo poder de fuego.

En el trasfondo del aplacamiento gremial aparece una negociación no reconocida por ninguno de los actores, en torno a los fondos de las obras sociales. Los popes sindicales dicen que son entre 25 y 30 mil millones de pesos lo que se les adeuda desde hace años.

¿De dónde sale esa plata? La ley de obras sociales dispuso que una parte de los aportes de los trabajadores se destinen a un Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyo objetivo es costear tratamientos complejos, medicamentos caros o contingencias que puedan derivar en el quebranto de una obra social.

El plan de “pax” de Macri con los gremios hizo que en diciembre al asumir entregara el manejo de la Superintendencia de Servicios de Salud —la caja de las obras sociales— a los gremios.

El superintendente es el médico Luis Scervino, quien responde a José Luis Lingeri, mandamás del gremio de Obras Sanitarias (a quien Néstor Kirchner concedió en 2005 tras su reestatización, el manejo de la empresa de aguas Aysa). Lingeri es el “experto” cegetista en esta cuestión de los fondos.

Scervino había declarado en diciembre: “Desde 2004 a la fecha se incumplió la ley de obras sociales, que prevé que todos los recursos del sector deben distribuirse a fin del período anual entre los agentes del sistema de salud.

Esto generó que haya un fondo acumulado que actualmente supera los $ 26.000 millones por incumplimiento de esta ley y vamos a tratar de resolverlo durante mi gestión”. El dinero está depositado, se supone, en una cuenta del Banco Nación. Para dar cuenta de la magnitud del monto, se trata de alrededor de U$S 2.000 millones.

Se susurró en estos días que el Gobierno desembolsará en forma inminente $ 2.700 millones como primer pago.

Al combo se sumó el mismo jueves que se sancionó la ley, la reunión del Consejo del Salario, que llevó el mínimo a $ 8.060 desde enero.

En el debate en Diputados, la massista Graciela Camaño lo expresó con crudeza: “Es la primera vez en mi vida que discutimos una ley para los trabajadores y no hay siquiera uno con una pancarta en la calle pidiéndonos que la aprobemos”.