Las políticas de empleo y el análisis de la normativa laboral constituyen un motivo de debate a nivel mundial, no sólo en entornos coyunturales complejos como el que transita la Argentina actualmente, sino como una tendencia que intenta fortalecer el mercado de trabajo a mediano y largo plazo.
El desafío central en torno al mercado laboral reside en cómo instrumentar políticas que promuevan la competitividad, el empleo y la formalización de la actividad económica, poniendo atención en las especificidades productivas y sociolaborales de cada región y en el rol de las pequeñas y medianas empresas.
En ninguno de los países que componen el G-20 (tampoco en países en vías de desarrollo) se observan normativas laborales que prohíban o impongan costos adicionales frente a la ocurrencia de despidos en situaciones de crisis económicas. Esto se debe al aprendizaje de que imponer mayores penalidades no trae resultados efectivos en materia laboral, sino por el contrario, actúan en detrimento de los objetivos de progreso laboral deseados.
En particular, de la observación de la tasa de despidos en Argentina a lo largo del primer trimestre del año (según información disponible en la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación) se puede concluir que la mayor parte de los despidos ocasionados por la coyuntura económica adversa ya se habría producido durante el mes de marzo del corriente año, lo cual limitaría significativamente la efectividad real que podría tener una ley antidespidos.
Lo que sí sería esperable que ocurra es que este proyecto genere desincentivos a la contratación formal de trabajadores (fundamentalmente entre las pequeñas y medianas empresas). Iría a contramano de un proceso de recuperación económica que se espera ocurra en los próximos meses, en la medida en que pueda dar sus frutos la recuperación de la inversión productiva y la promoción de las economías regionales. Además, una ley antidespidos excluye del análisis laboral a más de 4,2 millones de asalariados que se desempeñan en la informalidad y a casi 3 millones de cuentapropistas no profesionales con retribuciones inferiores al promedio general, las cuales además de insuficientes presentan altas dosis de intermitencia y fragilidad.
Al revés de la discusión local, las estrategias internacionales avanzan en la promoción de incentivos a la inserción laboral de poblaciones vulnerables (de acuerdo con las múltiples causas que limitan su accesibilidad) e incentivos a la formalización de las actividades productivas, con fuertes estímulos y apoyos para erradicar todo tipo de restricciones que atenten contra el objetivo de forjar mercados laborales más inclusivos y promisorios.
Prosperar en este sentido requiere, en primer lugar, la conciliación entre los distintos actores que participan e interactúan en el mercado de trabajo (sector empresarial, representantes gremiales y sindicatos, el Estado en sus tres jurisdicciones y los trabajadores). Así, se torna necesaria una coordinación inter-sectorial impulsada por el propio Estado, tal como ocurre en países desarrollados.
En el mismo sentido, se impone el desafío de revalorizar la formación en oficios y habilidades técnicas, al observar que la educación para el trabajo permite alcanzar mayores niveles de productividad, que incrementan las oportunidades de acceso a empleos formales entre la población, en función de las especificidades productivas de cada región del país.
Del mismo modo, se requiere de políticas activas que promuevan la inclusión laboral de los jóvenes, especialmente en contextos de restricciones en la contratación laboral. Por esto, son necesarios programas que movilicen incentivos a la contratación de personas jóvenes, con menor experiencia y acumulación de capital humano. Aquí la evidencia sugiere múltiples alternativas de instrumentación, que incluyen desde subsidios a la contratación mediante exenciones tributarias o en pagos de la seguridad social (como lo es el reciente proyecto impulsado por el Ejecutivo) hasta el financiamiento parcial o completo de su retribución por un tiempo prudencial que garantice el aprendizaje del joven en esta práctica laboral.
También resulta importante motorizar estrategias que permitan conciliar la vida familiar con las responsabilidades que conlleva el mundo del trabajo. Este inconveniente actúa como una limitante fundamentalmente entre mujeres, y se acentúa entre los hogares más humildes. Incrementar la participación laboral femenina constituye un hecho de suma importancia, tanto para la igualación de oportunidades como para el fortalecimiento del financiamiento de los sistemas de seguridad social.
Al respecto, las estrategias observadas en la evidencia internacional (fundamentalmente entre países nórdicos) tienden hacia el impulso de esquemas de licencias por paternidad compartidas entre varones y mujeres, la provisión gratuita de servicios de cuidado infantil y salas cuna, y la limitación de todo tipo de actuación tributaria o normativa que desincentive la participación laboral (y generación de ingresos) por parte de un segundo miembro dentro de la familia.
Además, se requiere la consideración de estrategias concretas para dotar de mayor equilibrio territorial al empleo generado en cada región del territorio nacional, contemplando situaciones excepcionales en el caso de las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente cuando estas puedan desarrollar actividades promotoras de economías regionales arraigadas al entramado productivo local que pudieran resultar de alto impacto en materia de valor agregado.
En suma, continúa siendo necesario y urgente incluir en la agenda de discusión laboral las múltiples aristas que conlleva la problemática. Se han desaprovechado varios años de crecimiento económico, que habrían sido propicios para asumir este desafío.