Ariel Omar Díaz, en 2014, estaba atravesando una crisis personal y familiar, luego de que un perro Pitbull asesinara a su hija de dos años en la vereda de su casa del barrio Ampliación El Paraíso de La Banda. Ante esta situación decidió poner en venta la vivienda del IPVU. En esa circunstancia, Díaz declaró que apareció Graciela Saad, quien era empleada de la Anses. Tras largas conversaciones, llegaron a un acuerdo: la mujer —hoy detenida y procesada— le dio 70 mil pesos en efectivo y el resto, 130 mil, lo “pagaría” con una pensión “trucha”. “Me dijo que con eso iba a ir pagando la casa y que la pensión me iba a quedar de por vida”, afirmó Díaz, también procesado, aunque libre.

El hombre dijo que, tras un tiempo, Saad le dijo que fuera a cobrar el retroactivo al banco. “Era un retroactivo de aproximadamente 100 mil pesos y se los entregué a Graciela Saad en su domicilio del barrio Parque. Me dijo que ese importe debía repartirlo entre los que habían hecho la gestión (de la pensión)”, reveló. Posteriormente —declaró en la causa—, se confeccionó el boleto de compra-venta de la vivienda que, “según dijo Saad, era para su hijo”.

Díaz sostuvo que, a partir de ese momento, comenzó a recibir una pensión de $ 6.300, que con el tiempo fue aumentando hasta llegar a $ 13.000 en febrero pasado, momento en el que se interrumpió el pago por las investigaciones internas de la Anses y judiciales, que derivaron en que actualmente estén detenidas cinco personas —incluida Saad— y haya más de treinta procesados. En total, Díaz cobró $ 635.987 a través de la pensión "trucha".