En noviembre de 2017, el fiscal Carlos Stornelli pidió procesar a Moreno por falsificar los datos de la inflación desde 2006, colocar un programa informático que ponía topes a los registros de precios, para que el sistema no los advirtiera, abusar de sus deberes y violar el secreto estadístico.

Lo acusó de graves delitos, como violación de secretos, abuso de autoridad, falsedad ideológica de un instrumento público y la destrucción de documentos oficiales, que se castigan con hasta seis años de prisión.

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Tras una investigación que derivó en un escrito de 361 páginas, el fiscal Stornelli dio por probado que Moreno montó una maniobra para controlar el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de modo que fuera menor al que debería ser.

Además, se comprobó que Moreno hostigó a empleados del Indec para acceder a datos estadísticos secretos. Beatriz Paglieri mandaba a fotocopiar formularios de encuestas de relevamiento de precios para la elaboración del IPC y se los daba a Moreno. A ambos los acusó de "la manipulación de los cálculos de los índices de Precios al Consumidor que se consumara por lo menos entre enero y junio de 2007" y que tenían un único fin: conocer los datos del Indec y su metodología de trabajo para influir decididamente en las mediciones del Indice de Precios al Consumidor y lograr con ello un resultado más bajo del mismo". Paglieri, a su vez, adulteró los índices de Precios al Consumidor Capital y Gran Buenos Aires al menos los correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007 para bajarlos.