El Gobierno nacional fue intimado por el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial (Ciadi), que condenó a la Argentina a pagar 320,7 millones de dólares por expropiar Aerolíneas en 2008.

El Estado fue condenado a pagar esa suma millonaria, más intereses, al Grupo Marsans, último dueño de la firma, empresa cuestionada por corrupción en España, donde sus directivos están presos.