El Decreto 70/23 sacaba de circulación a los farmacéuticos porque derogaba artículos de la ley 17.565 de farmacia, y favorecía la comercialización de los medicamentos y la ganancia de los laboratorios.

Fue tras una cautelar del Colegio de Abogados de Morón que sostuvo que "trasgrede el modelo republicano de gobierno y el principio de división de poderes".