Michelle Bachelet ha asegurado ante el Consejo de Derechos Humanos que el Estado de Derecho en Nicaragua sigue deteriorándose y las restricciones que impone el Gobierno continúan mientras el país se encamina a elecciones generales en noviembre.
La crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, desatada en abril 2018, se ha exacerbado por los daños causados tanto por la pandemia de la Covid-19 como por los huracanes Eta y Iota, dijo la Alta Comisionada durante la presentación del último informe preparado por su oficina, reporta la ONU en su página oficial.
“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose”, sostuvo. “La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”.
Su oficina ha documentado 117 casos de acoso y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, y activistas. También han documentado 34 casos de criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados “opositores”.
Bachelet volvió a pedir al Gobierno que permita a su oficina acceder al país para monitorear los derechos humanos en el contexto electoral. “Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes”, concluyó.
