Puerto Príncipe es la Capital de Haití; pero sus imágenes nos remontan a cualquier película de terror pos-apocalíptica o quizá a un universo paralelo. Indigentes tirados por las calles venden productos de contrabando, al tiempo que otros caminan golpeados por un viento cálido que arremolina la basura que se acumula y desparrama por la ciudad. Mientras, las pandillas locales reclaman a los tiros su territorio y ganancias.
Si levantamos la vista para observar un poco más de lo que acontece, vemos que el paisaje de fondo no es mejor: casas semi destruidas constituyen la postal de fondo. La inseguridad arrecia de tal forma que ni la protección del culto religioso sirve, ya que el 24 de Diciembre luego de la misa de navidad el Presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su hija eran secuestrados a cambio de un rescate de 5 millones de dólares.
De nada sirven los nuevos decretos draconianos que establecen hasta 50 años de cárcel por protestar en las rutas limitando el derecho de circulación, ni la creación en el mes de Noviembre del 2020 de una nueva Agencia Nacional de Inteligencia, la INA; cuyos objetivos incluyen “el monitoreo de la población, de grupos que puedan afectar la paz, el orden social y la seguridad nacional a efectos de controlar la criminalidad”.
Los integrantes de esta flamante fuerza policial sólo responden, por decreto, al Poder Ejecutivo y están excluidos de brindar todo tipo de información sobre sus actividades a los demás poderes del estado. Tienen también, inmunidad por sus actos de servicio.
Pero Haití, que es gobernada desde el 2016 por Jovenel Moise, luego de conseguir más del 86% de los votos sobre una asistencia electoral del 26% de la población; está sumida en una crisis política eterna de la que le es muy difícil salir y la convierte en el país más pobre del mundo occidental. Con casi el 60 % de la población viviendo bajo la línea de pobreza y más del 24 % considerados indigentes (según cifras del Banco Mundial).
Moise gobierna sólo en un país en crisis, en el que al Congreso no se le ocurrió mejor idea que auto disolverse a principios del 2020 al no poderse ponerse de acuerdo sobre la fecha para realizar elecciones parlamentarias. Esto, debido a que a los plenarios sólo asistía una minoría de diputados, porque el resto permanecía en sus casas para no ser golpeados o asaltados en la vía pública.
Como para evitar las situaciones violentas que se suscitaban dentro del recinto, donde las sesiones por lo general empezaban o terminaban con destrozos, a los golpes y hasta con la intervención de bandas armadas; y donde la oposición amenazaba constantemente a los simpatizantes del gobierno con “cortarlos a machetazos donde los encontraran”.
En este tipo de caos político donde tampoco faltaban las acusaciones de corrupción por los negocios provenientes de la importación de petróleo de Venezuela y en las que desaparecieron a lo largo de varios gobiernos más de 3.800 millones de dólares. No es de extrañar tampoco que la libertad de prensa esté altamente cuestionada y limitada por amenazas directas contra la vida a periodistas y redacciones por las investigaciones que realizaban. Y que provocaron en los últimos dos años la desaparición de al menos un fotógrafo gráfico, el asesinato a tiros de un periodista de Radio Sans Fin y el hallazgo del cadáver de otro periodista de Radio Panic encontrado en la cajuela de su automóvil. También por actos de amedrentamiento indirecto realizados a las familias de los periodistas.
Debemos recordar que en enero de 2010, hace ya 10 años, Haití se vio afectado por un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que destruyó buena parte de una infraestructura que hasta el día de hoy no pudo ser recuperada dejando millones de damnificados incluyendo a 300 mil muertos y que fue seguida por una epidemia de cólera traída al país por los cascos azules de la ONU provocando más de 9.000 muertes y casi un millón de infectados.
Parte de los recursos de cooperación internacional obtenidos para la reconstrucción se perdió dentro del laberinto de corrupción llegándose a establecer por el Observatorio de Políticas Públicas y de la Cooperación Internacional de Haití que el 95% del dinero donado por Estados Unidos y Europa quedó en organizaciones propias de los países donantes.
En esta situación de caos y abandono, las organizaciones criminales comenzaron a crecer hasta llegar el día de hoy a convertirse en milicias fuertemente armadas con elementos tecnológicos de última generación, alimentadas por movimientos políticos que las usaron para fines electorales, de recaudación partidaria e intimidación política. Estas organizaciones se nutrieron con elementos mixtos de ex-oficiales de la policía, el ejército y criminales profesionales. Han llegado a dominar barrios y regiones del país en los que cobran impuestos, administran la venta de contrabando y deciden la vida y la muerte de todos los que sobreviven en sus sectores.
Pero la situación se ha salido de control: durante los últimos meses del año 2020 las bandas han evolucionado tomado conciencia de que han sido usadas para servir a un aparato político que no las tiene en consideración. Y en Diciembre del 2020 la inseguridad ha explotado con proliferación de secuestros y asesinatos por encargo, entre los que se incluyen los de abogados, médicos de hospitales públicos, cantantes populares y hasta el secuestro de la esposa del Jefe de la Casa Militar del Palacio de Gobierno.
La clase política de Haití, acusada de no tener visión de futuro, ha sabido crear un infierno en la tierra difícil de manejar y del cual no parece haber salida a la vista en un país que parece hundirse cada vez más en un círculo de pobreza y miseria, de la cual no es capaz de escapar por sí misma y a la que hasta las Naciones Unidas ha abandonado. El único escenario que los organismos internacionales quieren evitar es el de una revuelta que conlleve a más muertes y que obligaría a una fuerza de paz volver adonde nadie quiere estar.
Excepto, los que prefieren gobernar el infierno.
