La ciudad de Añatuya se encuentra desde hace algún tiempo inmersa en una crisis institucional por los continuos actos de desconocimiento a los demás poderes por parte del intendente Héctor Ibáñez.
Hace una semana, el abogado y vecino añatuyense Dr. Ramón Leopoldo Vargas presentó una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante de Añatuya, Hugo Alberto Suárez, solicitando se promueva el juicio político en contra de Héctor Ibáñez, según lo autorizado por el Art. 119 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, Art. 204, 207 inc. 1° y concordantes de la Constitución Provincial.
Las causas por las que Vargas solicitaba el inicio de un juicio político son por “mal desempeño, faltas graves y/o delitos cometidos en ejercicio de su función”.
A partir de la presentación, el presidente del HCD debe iniciar el trámite de juicio político, disponiendo la remisión a la comisión especial correspondiente, a fin de investigar los hechos denunciados y que fueron acompañado por un cúmulo de pruebas en numerosas fojas.
En la jornada de ayer ingresó un nuevo pedido de juicio político al intendente, también promovido por el Dr. Vargas, quien en diálogo con LV11 manifestó: “La primera presentación que hicimos fue con motivo de cuatro causas, debido a que se han agotado las instancias relacionadas con las irregularidades cometidas en la designación de un fiscal adjunto, en segundo lugar el estado de acefalía que se provocó como consecuencia de la omisión del Ejecutivo de mocionar la terna que reemplazaría a los miembros del Tribunal de Cuentas salientes. La designación de una empleada municipal como tesorera que no reúne las condiciones legales para este cargo, además es un cargo que no existe y en el momento de su designación se encontraba en funciones el tesorero titular”, donde se pide en la presentación la investigación de la falta de rendiciones de cuentas de dos ediciones del Festival de la Tradición, donde tampoco se rindieron cuentas de los gastos, erogaciones e ingresos de esos eventos que son muy grandes, la pérdida del Fondo de Financiamiento Educativo y la omisión del Ejecutivo de rendir ante el Tribunal de Cuentas y ante la falta de rendiciones, el Gobierno dejó de girar estos fondos que eran mensuales y significaban una colaboración a la educación. Durante la gestión de Macri el Fondo Solidario quedó sin efecto y se remitieron fondos en compensación para obras. Ese fondo ingresó a fines del año 2018. Y desde el informe del Tribunal, estos fondos federales no fueron rendidos ni en 2019 ni en 2020, es decir que hay una omisión de una obligación básica”.
Además, aseguró: “Actué con dilema moral, sinceramente no me hubiera gustado tener que hacer esto, pero ante el silencio y hasta diría el miedo de la gente, lo tuve que hacer. Uno tiene una vida luchando para que el pueblo crezca y que haya una gestión pública de la cual nos podamos enorgullecer. Lo más triste de esto es que lo practica una persona que fue elegida por una cantidad de votos, de vecinos que han confiado en él y, lamentablemente, desde el accionar de estas gestiones de gobierno hay un permanente pisoteo a las instituciones que están regidas por la ley”.
Vargas recordó que en Añatuya “nadie nos regaló nada, todos sufrimos embates muy duros y de golpe ver que una persona que tiene la responsabilidad de cuidar a los añatuyenses haciendo gala de una impunidad que llegará a su fin. El mensaje del intendente se hace con apertura de la sesión y el mensaje del intendente de Añatuya es un posmensaje, un mensaje de clausura, en este caso. Todos estos mamarrachos lastiman a una comunidad que respeta las instituciones”.
Por último, expresó: “Nunca vi semejante destrato a las instituciones, jamás eh! Pero a este nivel de falta de respeto a los organismos, jamás lo he visto. El primer mandato de la Constitución de la Provincia es el respeto a la forma republicanas de gobierno. Para que funcionen los organismos y mecanismos democráticos. Tenemos una Constitución muy sabia, progresista y avanzada para su época. Soy un hombre de Derecho que cree en la justicia. Estoy cansado de los atropellos públicos en esta gestión. Que se haga justicia”, sentenció.
Cabe destacar que el presente pedido de juicio político se funda en la falta de rendiciones provenientes del Fondo Federal Solidario, a través del programa de asistencia a provincias y municipios, sobre lo cual los miembros salientes del Tribunal de Cuentas municipal dejaron consignado que respecto de la cuenta de dicho fondo, no se habían efectuado rendiciones de cuentas, lo que a entender de Vargas es claramente una irregularidad.
Según el análisis de la documentación que adjunta, se puede advertir que se trataría de la suma de $2.466.428.
