En una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante de Añatuya, Hugo Alberto Suárez, con la firma del Dr. Ramón Leopoldo Vargas, abogado de amplia trayectoria solicita que se promueva el juicio político en contra de Héctor Ibáñez, según lo autorizado por el Art. 119 y concordantes de la
Carta Orgánica Municipal, Art. 204, 207 inc. 1° y concordantes de la Constitución Provincial.
Las causas por las que Vargas lo solicita son por mal desempeño, faltas graves y/o delitos cometidos en ejercicio de su función.
A partir de la presentación, el presidente del HCD deberá iniciar el trámite de juicio político, disponiendo la remisión a la Comisión Especial correspondiente, a fin de investigar los hechos en que se funda Vargas para denunciar y que consta de medio centenar de fojas, con el objeto que, previo los trámites de Ley, la Comisión de Juicio Político dictamine afirmativamente respecto de la procedencia de esta petición, en los términos del Art. 121º de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Añatuya.
Los constantes desaciertos de Ibáñez durante sus dos años de gestión produjeron un cada vez más frecuente enfrentamiento con el cuerpo deliberativo, de los cuales solo tiene 4 de los 12 concejales que le responden, incurriendo en numerosas situaciones que atentan contra el sistema democrático, como por ejemplo el constante veto a las ordenanzas y la no aplicación cuando son rechazados los vetos, lo que claramente es un desconocimiento de la división de poderes.
El Art. 120º de la Carta Orgánica Municipal expresa que “la acusación será hecha ante el Honorable Concejo Deliberante por cualquier habitante del Municipio”, lo que habilita a Vargas a realizar la presentación que ahora deberá ser evaluada, primero en comisión y luego por el resto del cuerpo.
Entre los numerosos hechos que ponen en vilo la continuidad democrática, se le endilgan a Ibáñez la irregular e ilegal designación de un fiscal municipal, lo que constituye también “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, usurpación de autoridad, títulos u honores que son pasibles de denuncia penal, ya que están contemplados en el los artículos 248, 253 y 246 del Código Penal”.
También se le endilga al actual intendente la responsabilidad por haber provocado acefalía y clausura del Tribunal de Cuentas municipal, lo que provoca una parálisis institucional del principal órgano de control de las cuentas púbicas externas del Municipio, sospechándose que puede ser un “acto premeditado y que provoca un estado anárquico de la administración municipal, constituyendo verdaderas maniobras delictuales, ya que según dicho de la última presidenta de este organismo, Verónica Crespín, “desde el mes de septiembre de 2019, el Departamento Ejecutivo Municipal no efectuó rendiciones de cuentas al mencionado organismo”, lo que viola la Constitución de la Provincia”, la cual establece que se “deberán asegurar los principios del régimen democrático, republicano y representativo, un régimen de control de gastos”.
En cuanto al abuso de autoridad que argumenta el Dr. Vargas, se puede fundar en el capítulo IV sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, que expresa en su artículo 248 que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes”, afirmó la extitular, Crespín.
Otros actos irregulares
Otros de los numerosos actos cuestionables de Ibáñez son la irregular e ilegal designación del “tesorero provisorio”, a lo que se suman “otros como pagos ilegales con cheques de montos superiores a los autorizados por ordenanza, la falta de rendición de cuentas de dos ediciones del Festival de la Tradición, irregularidades y cese de envío del fondo de financiamiento educativo al Municipio por falta de rendiciones bimestrales, entre otros”.
El juicio político es el control que se ejerce sobre órganos del Gobierno federal, con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad de sus funcionarios y quebrar la inamovilidad republicana ante hechos violatorios del sistema y eventualmente separar del cargo y quitar la inmunidad de jurisdicción penal, sin perjuicio de las acciones penales posteriores que se pudieran iniciar, ya sea por una denuncia o por actuación de oficio de los funcionarios judiciales ante el asombroso cúmulo de actividades ilegales denunciadas en un área tan sensible como la contable, por ejemplo.
Una vez tratado por el cuerpo, se puede disponer la destitución del intendente acusado, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiera corresponder por los hechos denunciados.
La precaria situación del intendente de Añatuya se agrava notablemente con la presentación de este pedido de juicio político, siendo ahora los concejales los que tienen la importante misión de llevar adelante el mismo con la más absoluta responsabilidad, ya que de no hacerlo incurrirían en graves faltas que podrían abrir una instancia posterior de elevación de las irregularidades a la Cámara de Diputados de la Provincia, solicitando la intervención de ambos poderes, ya que no estaría garantizado el control de un poder sobre el otro.
Las próximas semanas serán decisivas, en este sentido, ya que son numerosas las muestras de cansancio de la sociedad añatuyense y espera una respuesta a sus quejas y sospechas de mal manejo de la Administración Pública, especialmente, en el uso de sus fondos públicos.
