La Red de Docentes por el Derecho a Decidir expresó su enérgico repudio “al fallo del Dr. Juan Carlos Storniolo, que hizo lugar a un hábeas corpus que declaró nula la detención de un hombre sospechado de abuso sexual. Coincidimos con nuestra compañera Cecilia Canevari, docente investigadora de la Universidad Nacional, al considerarlo “inadecuado con una perspectiva garantista, dejando a la víctima con una desprotección al liberarlo, entones el garantismo está puesto del lado del victimario y no de la víctima, lo que es bastante grave”.
“Nuestra provincia adhirió a Ley Micaela que obliga a funcionarios públicos a capacitarse justamente para evitar estas impericias y así mantener un criterio obligatorio de aplicar justicia con perspectiva de género y que establece que las personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo. La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas”, remarcan.
“Entendemos que este es un mensaje muy negativo a toda la sociedad, que atenta contra la lucha de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Es prioritario que las condenas sean ejemplares para abusadores”.
