“En el parte del martes, el Ministerio de Salud de la Provincia, dio a conocer un nuevo caso de COVID-19 de una persona residente en la ciudad de Tintina pero que estaba internado en una clínica privada de Quimilí. A las pocas horas, comenzaron a circular diversas versiones que generaron caos y entredichos entre vecinos de la mencionada localidad del departamento Moreno, razón por la cual, desde el Hospital Distrital Tintina, salieron a aclarar cuál es la real situación.
Se supo entonces que se trata de un hombre de 76 años, que forma parte del grupo de riesgo por presentar una patología de base con afección en sus intestinos y que estaba siendo tratado por su médico de cabecera perteneciente al PAMI”, esta fue la información que se había viralizado.
Ante la confirmación del segundo caso positivo en la ciudad de Tintina, la directora del Hospital Distrital, Dra. Carla Gerez junto con la responsable de APS, Lic. Liliana González, brindaron detalles de cuál es la situación del hombre de 76 años, oriundo de citada localidad pero que está en una clínica privada de Quimilí.
Vinculado al caso, y tras señalar que fue atendido en dos oportunidades en el nosocomio local por presentar una patología previa por la que estaba siendo tratado por su médico del PAMI, las profesionales, quisieron dejar en claro que todas las versiones que circulan por fuera del COE (Comité Operativo de Emergencia) son falsas.
Es por eso que alertaron a la comunidad que se iniciarán acciones legales correspondientes tomando la información que circula a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, incluidos los estados), y poniendo en práctica el artículo 211 del Código Penal que prevé hasta seis años de prisión.
Pidieron entonces, la mayor de las responsabilidades a la hora de comunicar, debido a la situación delicada en la que se encuentra el país, la provincia y la ciudad ante la aparición de casos de coronavirus, en el contexto de una pandemia sin precedentes.
¿Qué dice el artículo?
“Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciera señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.
