Por este caso de lavado se imputó al banco estatal Türkiye Halk Bankasi AS o Halkbank como partícipe necesario una maniobra de lavado de dinero, que se está tramitando en los juzgados federales de Nueva York, nos decidimos a publicarlo, dado que ejemplifica cómo puede el dinero circular para actividades terroristas, compra de armas y corrupción.
Para abreviar, este caso de aristas internacionales descubierto por la oficina de Antiterrorismo del FBI y que fue caratulado por el tribunal donde se tramita la causa como “Terrorismo Internacional, Fraude Bancario, Lavado de Dinero y Violación de las Regulaciones que prohíben el comercio con Irán”; fue descripto por el asistente del fiscal general para la Seguridad Nacional Americana John Demers, como una de las más importantes violaciones a las sanciones que el mismo presenció, agregando que nadie debería poder evadir la ley y poner en riesgo la seguridad de su país de esa manera.
Para poder entender el origen de esta causa judicial nos debemos remontar a 2012 en medio de tensiones por las declaraciones oficiales iraníes que expresaban que se encontraban construyendo infraestructura nuclear que les permitiría el acceso a armas de destrucción masiva.
El gobierno del entonces presidente Barak Obama puso en efecto nuevas sanciones financieras, a fin de obligar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones, abstenerse de sus proyectos militares y dificultar que las ganancias por las ventas de petróleo puedan ser destinadas a adquirir tecnología nuclear y militar. Estas nuevas sanciones imponían prohibiciones a los bancos internacionales, de realizar cualquier tipo de transacción con beneficios que proviniesen de la comercialización de petróleo y gas iraní e incluían la prohibición de comerciar con las empresas nacionales National Iranian Oil Company (NIOC) con Naftiran Intertrade Company (NICO) y con el Banco Central de Irán.
Es por esto que el gobierno iraní comenzó a pensar formas de eludir ese boicot económico y se dirigió a países aliados, amigos políticos y agentes financieros que tendrían la predisposición para ayudarlos. Dentro de este marco político, es que el gobierno iraní para sus transacciones con Turquía llegó a contar entre otros con el apoyo del Banco Halkbank de mayoría accionaría estatal. Como agentes de aplicación de estas sanciones en territorio de Estados Unidos, el FBI y su Departamento del Tesoro comenzaron a realizar una investigación debido a la presentación de documentación de transacciones del Halkbank que se demostraron falsas. Esta condujeron a la detención del empresario iraní Reza Zarrab en Miami en 2016 y de Memet Atilla, director general del Banco; quienes eran los responsables de informar a Estados Unidos sobre todas las transacciones realizadas con fondos iraníes y su legalidad y de cumplimiento de los requerimientos de las sanciones comerciales.
Esta investigación llevó a la imputación de otros 9 empleados bancarios, a agentes de la Guardia Revolucionaria Iraní que hacían de nexo y estaban a la cabeza de empresas de triangulación del dinero, a oficiales del gobierno y empresas petroleras iraníes, y a altos funcionarios de Turquía que incluyen a su exministro de Economía Mehmet Caglayan por recibir 70 millones de dólares de soborno.
Según las 45 páginas de registros del tribunal a los que obtuvimos acceso, este sistema de corrupción del que el Banco fue el eje fundamental y que hizo ricos a sus participantes con el cobro de sobornos que superaron los 10 millones de dólares por participante, permitió la transferencia de al menos 20.000.000.000 de dólares al gobierno iraní por canales ocultos de fondos provenientes de la venta de petróleo y gas iraní a Turquía.
La maniobra consistiría en crear una ficción donde el Halkbank participaba de un fondo que involucraba a empresas diseminadas en varios países del golfo Pérsico que se utilizaban para comprar oro y realizar pagos internacionales en beneficio del gobierno y bancos iraníes, así como de transferencias monetarias al sistema financiero americano violando las leyes internacionales. Revelando también estos registros judiciales múltiples redes de cobertura que incluían a grupos basados en Hong Kong y que permitían a compañías energéticas chinas ocultar pagos a Irán por su petróleo en violación a las sanciones internacionales.
La investigación concluyó en que las transferencias de dinero ocurrían porque según las leyes internacionales Irán tiene permitido vender su petróleo y gas para las así denominadas excepciones humanitarias que incluyen la compra de medicinas, aparatos médicos y alimentos. Por eso, y aprovechando estas excepciones, el banco declaraba que realizaba pagos por compras autorizadas cuando en realidad giraba el dinero a otras empresas que remitían a su vez el dinero al gobierno iraní y servían para la compra de tecnología militar. O la giraba a Estados Unidos para realizar inversiones financieras en aquel país, y para comprar lingotes de oro que permanecían depositados en Turquía en violación de las reglas internacionales de comercio bilateral.
Mientras que los representantes del Banco se presentaron a mediados de agosto de este año en el juzgado en Nueva York para pedir la desvinculación de la acusación alegando que los ilícitos no son punibles bajo la ley americana, los fiscales del caso dicen que el juicio se llevará a cabo el 1 de marzo de 2021 y que existen fuertes sospechas de la culpabilidad de todos los imputados y de la responsabilidad bancaria.
De ser hallados culpables podría perder la posibilidad de seguir operando internacionalmente con lo cual se decretaría la quiebra de la institución.
