En el transcurso de una audiencia virtual a desarrollarse en horas de la mañana de hoy y que estará a cargo de la Dra. Roxana Cejas Ramírez, jueza de Control y Garantías de la circunscripción Choya y Guasayán, los Dres. Gustavo Montenegro y Gustavo Benjamín Zavalía —del Ministerio Fiscal— requerirán que el principal imputado por el crimen de Ricardo Peñaflor, cumpla todo el plazo de la prisión preventiva, o sea dos años.
Tal requerimiento fiscal se materializará en contra de Saúl Gerez (70), quien actualmente cumple la prisión preventiva en su domicilio, beneficio que le fue concedido en razón de su edad y por los problemas de salud que presenta actualmente.
Cabe recordar que la prisión preventiva para Gerez había sido dictada por la jueza María Gabriela Núñez de Cheble, pero por el término legal de seis meses, plazo que se encuentra vencido.
Es por ello que los fiscales presentaron el escrito pertinente ante la Oficina de Gestión de Audiencias Frías, requiriendo que se programe la audiencia para solicitar el cumplimiento de la prisión preventiva —por parte de Gerez— por el plazo de ley, que es de dos años.
La defensa técnica del inculpado se opondría a la solicitud de la Fiscalía.
Reveló cómo fue el hecho
Cabe señalar que tras ser detenido y mientras permanecía en una celda, Gerez decidió contar cómo fue el hecho y los motivos del mismo, a la vez de develar quiénes fueron las personas que participaron en la concreción, detallando los roles que cumplieron cada uno.
Debe recordarse que además de Gerez se encuentran detenidos Alfredo Lindor Rodríguez (55), su esposa Claudia Viviana Pereyra (51) —quien es docente— Jesús Omar Pinto (47) y Ramón Daniel Pinto (38), todos los cuales cumplen prisión preventiva por el término legal de dos años.
El crimen de Ricardo Peñaflor ocurrió el 8 de agosto del año pasado y fue descubierto tras la desaparición de la víctima, cuyo cadáver luego fue encontrado incinerado en la caja de su camioneta, en un paraje ubicado a 15 km de Frías.
Gerez se había comprometido a cederle una parte de su campo a Peñaflor, luego de que este realizara la mensura de la propiedad de 60 hectáreas, en cuya tramitación gastó unos 35 mil pesos. El acusado no cumplió y ante la insistencia de Peñaflor se decidieron a matarlo.
