El 14 de enero de 2019, el Departamento Operaciones de Investigación del Distrito Las Colonias, acorraló la casa de Pablo Sebastián Trionfini, una propiedad de una planta pequeña, modesta, en una ochava, con ladrillos a la vista en la esquina de Uruguay y Stein del barrio Unidos de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Trionfine era buscado por atacar y enterrar todavía con vida a Agustina Imvinkelried, su pareja. Los policías mientras aguardaban la orden quebrar la puerta y entrar, oían un ruido sumamente extraño, a metal, un crac crac se escuchaba dentro del domicilio del hombre. Sin dudar más, ingresaron. Allí estaba. Colgado de una viga. Sin vida. Se había suicidado. Prefirió la muerte antes que ser juzgado por la aberración que había cometido.
El caso de Trionfino no es un caso aislado. Según el último trabajo que publicó la Corte Suprema este domingo en su Informe de Femicidios en Argentina, el año pasado el 23 por ciento de los asesinos de mujeres se quitó la vida después cometer el crimen.
El dato se divulgó en el trabajo, elaborado por la Oficina de la Mujer, a cargo de Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte, con información aportada por los poderes judiciales de las distintas jurisdicciones del país donde se reveló que en 2019 se identificaron 268 víctimas letales de crímenes de violencia de género, un 3,6% menos que en el reporte del año 2018.
Así, se contabilizaron 252 víctimas, mujeres y personas trans y 16 “femicidios vinculados”, es decir, la muerte de un ser querido de la víctima a manos de su victimario, como por ejemplo, una hija o hijo.
Así, la tasa de víctimas fue idéntica a la del año 2018, cuando la cifra registrada fue 278: 1,1 cada 100,000 mujeres.
Por otro lado, dentro de una temática que quedó registrada en el informe, el año pasado ocurrió un hecho histórico que cambió el paradigma que se tenía en el Poder Judicial con respecto a los crímenes de personas trans. Ocurrió el fallo ejemplar en el juicio por el asesinato de Amancay Diana Sacayán, la primera sentencia que albergó la noción de travesticidio. Aunque los hechos no pararon.
Laly Rufino Heredia, una travesti de 37 años, el domingo 3 de febrero de 2019 murió de un solo tiro que le entró por el costado derecho de la cintura, en el Gran Buenos Aires. La Policía Bonaerense encontró sin embargo ocho vainas servidas en el suelo; las balas habían impactado en un árbol cercano, en una chapa, en una reja, lo que da a entender que no fue ejecutada de pie, que Laly corrió escapando de los disparos.
Oriunda de Perú, con DNI argentino, Laly se dedicaba a la prostitución. Tenía un novio argentino, un hombre de Morón con el que convivía en esa zona, que le contó a la Bonaerense que Laly se prostituía en el Camino de Cintura hacía cuatro años, que no sabía si alguien la acosaba, la perseguía, intentaba extorsionarla. No murió en un intento de robo: su cartera estaba junto a ella.
Luego, el 27 de enero 2019, Mirna Antonella Di Marzo murió en Salta luego de tres meses de agonía por una brutal golpiza que recibió el 21 de octubre cuando salía del boliche Caribe. Las marcas eran las de un crimen de odio: la encontraron con su cabeza llena de lesiones, sin su ropa interior. El daño neurológico, según determinaron en el hospital Joaquín Castellanos, era irreversible.
Según detalla el informe, aún hay un solo imputado a la espera del juicio por uno de los casos. El resto continúan en investigación.
El trabajo reportó a su vez otras conclusiones respecto de la naturaleza de este tipo de crímenes. El 90% de las víctimas tenía un vínculo previo con el hombre señalado en las causas judiciales como el autor material del hecho, mientras que más de la mitad (66%) eran sus parejas o ex parejas.
En lo que respecta a los distintos grupos demográficos, la mayor cantidad de víctimas (el 35%) tenía entre 35 y 59 años. Le sigue el grupo de entre 25 y 34 años (25%) y mientras que en tercer lugar se encuentran las mujeres de 60 años o más cuando fueron asesinadas.
7 de las 268 víctimas fueron niñas: no habían cumplido los 12 años al momento del asesinato.
Las provincias registraron cifras disímiles: aquellas con tasas más elevadas fueron Catamarca, Chubut, Formosa, Salta, Tucumán y Chaco, donde la tasa fue de más de 1,5 mujeres cada 100,000 mujeres, mientras que en Santa Cruz no hubo femicidios.
Por otro lado, en Capital la tasa fue de 0,31 cada 100,000 mujeres, y en la provincia llegó a 1,15. A pesar de que Buenos Aires se ubicó apenas por encima del promedio nacional, en el territorio se produjeron 102 femicidios. el 38% del total.
Asimismo, la investigación permitió determinar que el principal escenario del delito se produjo en el hogar (60%), seguido de espacios públicos (19%), otras viviendas (13%) y el resto en “otros espacios” (8%). El 82% de los casos ocurrieron en un contexto de violencia doméstica.
42 de las víctimas habían denunciado en las autoridades a sus victimarios. Hubo 266 acusados, al menos 20 de ellos eran miembros de las fuerzas de seguridad públicas o vigiladores privados.
Un registro nacional de femicidios fue una de los reclamos originales del movimiento Ni Una Menos en 2015 y ese mismo año, la Corte comenzó a elaborarlo. Esta semana, el 3 de junio, se cumplirá el quinto aniversario de la masiva movilización contra la violencia de género.
