Por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado detuvieron esta mañana al director médico, a la coordinadora médica y al dueño del Centro de Salud Norte, ubicado en Villa Adelina, partido de Vicente López, donde por la falta de medidas de prevención adecuadas y el accionar médico se contagiaron 36 personas de coronavirus -entre el personal, familiares y dueños de una cochería- y fallecieron al menos dos pacientes con COVID-19.
Se trata de los profesionales de la salud Jorge Gustavo Pinzetta y Ana Lorena Bellusci y del médico y empresario José Benjamín Teitelbaum. Este último es uno de los titulares de ROPHE SA, la firma propietaria de esta clínica privada prestadora de PAMI, también dueña del Sanatorio Mariano Pelliza. La magistrada les tomará declaración indagatoria mañana por la mañana.
Según indicó el medio Infobae, el argumento de Arroyo Salgado para la detención y allanamiento de sus domicilios fue el posible entorpecimiento de la investigación, y obedeció a un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez ante el “descalabro sanitario” en el funcionamiento del Centro de Salud Norte. El fiscal les imputó el delito de “propagación dolosa de una enfermedad infectocontagiosa” previsto en el artículo 202 del Código Penal. Esta figura conlleva una pena 3 a 15 años de prisión.
A Bellusci el fiscal también le imputó el presunto homicidio culposo de Fátima Cellini, la mujer que murió estando internada en esa clínica privada, cuyo examen post mortem dio COVID positivo. La jubilada de 65 años no había sido tratada por coronavirus ni se le realizó el hisopado en vida, pese a tener síntomas compatibles con coronavirus. Su familia nunca fue informada sobre esta posibilidad, ni tampoco el personal de la cochería contratada, Menini Sepelios, cuyos dueños y empleada resultados también contagiados. Las dudas de Carlos Cellini, hermano de la mujer fallecida, sobre las causas de su muerte fueron las que derivaron en la presentación que originó la causa judicial.
Según pudo saber este medio, estas imputaciones no excluyen otras que la Justicia pueda determinar a futuro una vez analizada toda la prueba recabada.
La magistrada tuvo en cuenta a la hora de disponer la detención de Pinzetta, Belluschi y Teitelbaum el testimonio de testigos que, bajo identidad reservada por miedo a perder su trabajo, declararon en el Juzgado y manifestaron haber sido amenazados si hablaban. También, a partir de escuchas telefónicas que constan en la causa, la sospecha de que las historia clínicas de los pacientes habrían sido adulteradas por los responsables del Centro de Salud Norte.
Según puso determinar el fiscal Domínguez, de las escuchas surge también que, a partir del fallecimiento de Cellini, los responsables médicos de la clínica Pinzetta y Bellusci estuvieron en contacto con Teitelbaum, y “lejos de procurar una solución a los problemas de protección en material de salud, estuvieron mayormente preocupados por salvaguardar su responsabilidad y complicar el cumplimiento de los requerimientos efectuados” por la titular del Juzgado federal Nº de San Isidro.
“No solo no existió conducta alguna para evitar la propagación, tal como lo demanda la emergencia sanitaria en curso, sino que peor aún, las conductas desplegadas, en efecto, incrementaron exponencialmente el riesgo de que la enfermedad se propague”, sostuvo el fiscal al solicitar las detenciones y allanamientos.
