Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas ha pedido al Estado de El Salvador, cuyo Gobierno lidera el presidente Nayib Bukele, que ponga en libertad de inmediato a tres mujeres que fueron encarceladas por sufrir durante el embarazo emergencias obstétricas que concluyeron en abortos involuntarios. El organismo las considera como “detenciones arbitrarias” y reclama a las autoridades salvadoreñas que las indemnice por los daños ocasionados y que ordene una investigación exhaustiva e independiente de las detenciones para castigar a los responsables.
Se trata de una resolución inédita para El Salvador del denominado Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, un mecanismo de la ONU encargado de analizar casos en los que las detenciones violentan los principios establecidos en las normas internacionales y los derechos humanos.
Los expertos de la ONU se han pronunciado en el caso de Sara Rogel García, detenida en 2012 a los 22 años, que sufrió una caída que le causó un aborto, pero las autoridades sanitarias consideraron que lo había provocado, lo que es penado en El Salvador, país donde desde 1998 la interrupción del embarazo está penalizada en todos los casos. Los expertos también reclaman la liberación de Berta Arana, quien fue detenida a los 20 años en septiembre de 2013 tras sufrir un parto extrahospitalario. Y el tercer caso es el de Evelyn Hernández, de 21 años, condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado también tras sufrir un parto extrahospitalario en el que murió el feto. El embarazo de Hernández fue fruto de una violación continuada que nunca denunció, ya que estaba amenazada por el agresor. Ella fue absuelta en agosto del año pasado, pero se mantiene en un limbo legal a la espera de que las autoridades judiciales se pronuncien sobre una apelación interpuesta por la fiscalía salvadoreña.
El Salvador es uno de los seis países latinoamericanos donde el aborto está penado en todas sus circunstancias. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto estima que desde 1998 y hasta 2019 han sido detenidas arbitrariamente 181 mujeres por razones asociadas al aborto y emergencias durante el embarazo. Las denuncias son hechas por los funcionarios de los hospitales públicos, temerosos de ser acusados por atenderlas cuando llegan con complicaciones obstétricas. Se trata principalmente de mujeres jóvenes, víctimas de violencia de género, sumidas en la pobreza y algunas, como Berta Arana, iletradas.
A partir de la recomendación, varias organizaciones locales e internacionales, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han exigido al Gobierno de Bukele, la Asamblea Legislativa de El Salvador y a la Corte Suprema de este país centroamericano, que acepten y cumplan el pedido de los expertos de la ONU.
