La posibilidad de que aumenten 3% las retenciones a los productos agropecuarios prendió las alarmas en el campo, y desde la Mesa de Enlace advirtieron que esta medida “caería muy mal” en la actividad.
Además, se refirieron a un potencial paro, en el caso de que no haya un trato diferenciado para los pequeños y medianos productores. Se prevé que el próximo domingo el presidente Alberto Fernández anuncie un alza de las retenciones, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
Esto generaría una mayor tensión con el campo, que ya había manifestado su enojo con el Gobierno después de que en diciembre pasado, Fernández actualizara los derechos de exportación al quitar el tope de $ 4 por dólar exportado.
La ley de emergencia económica le permite al Ejecutivo aumentar los derechos de exportación del actual 30% al 33% para la soja y del 12% al 15% al trigo y maíz.
El titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni, dijo que una nueva suba “caería muy mal”, que hay “un distanciamiento” entre el campo y el Gobierno y que esta medida “tensaría más la relación” entre las partes.
Aclaró que para ellos la suba “es un trascendido”, ya que hasta el momento no tuvieron confirmación oficial. Adelantó que esta semana se reunirán con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.
Criticó que para los pequeños y medianos productores las retenciones al 30% “son un gran problema” y que “si aumentan a 33% y no hay un trato diferenciado se va a hacer difícil contener a las bases”, en relación a una posible medida de fuerza en rechazo a estas alícuotas, al hablar en entrevistas a La Red y FM Delta.
Mientras que el presidente de Carbap, Matías de Velazco, afirmó que el campo “es como si estuviera lleno de brasas” y que subir las retenciones “sería como echarle nafta, algo imprudente”, en diálogo con Radio Mitre.
Igualmente recordó que la semana pasada, la Mesa de Enlace suspendió una medida de fuerza tras una intervención de Basterra. El ministro se comunicó con los dirigentes rurales y les prometió un encuentro para estos días.
“Esto significa que hay que poner una fecha de cese de comercialización para que se produzca la reunión, sino no hay contacto institucional”, planteó.
