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El País #CrimenDeFernando

Los rugbiers se negaron a entregar las claves de acceso de sus iPhone

Seis teléfonos de Apple y otros cuatro dispositivos son analizados por expertos de la Policía Federal. Uno de los acusados no tiene celular.

A la par del desarrollo de la última jornada de ruedas de reconocimiento, efectivos de la Policía Federal continúan peritando los teléfonos celulares de los rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el pasado sábado 18 de enero a la salida de una discoteca de Villa Gesell.

 

El procedimiento está a cargo de expertos de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la PFA, cuya sede se encuentra en la ciudad de Mar del Plata. A través de las pericias, la fiscal Verónica Zamboni buscará elementos y contenido de valor probatorio para la investigación del crimen, que se combinarán con los resultados de las ruedas, análisis a la ropa de los acusados y la prueba scopométrica a la zapatilla ensangrentada encontrada en la casa que ocupaban en Gesell durante su detención.

 

En total son diez los dispositivos a analizar, según datos publicados por Télam. Entre ellos está el de Pablo Ventura, el joven que fue falsamente involucrado por los rugbiers detenidos y que luego fue liberado por la Justicia, al comprobarse que no estuvo en la ciudad costera al momento del brutal ataque a Fernando.

 

De los diez teléfonos, hay seis equipos en particular que resultan más difíciles de desbloquear para los especialistas. Son los de marca Apple, cuyo grado de encriptación dificulta el acceso a la información interna. Fuentes de las fuerzas de seguridad hablan de un problema histórico con los Iphone. “No contar con la clave implica tener que enviar el dispositivo al exterior en ciertos casos, a que sea abierto por una empresa que envía una copia forense del aparato para analizar. Por cada teléfono estamos hablando de, mínimo, cinco mil dólares”, cuenta un oficial de alto rango a Infobae.

 

Estos seis teléfonos pertenecen a Máximo Thomsen (20) -uno de los acusados de ser coautor del homicidio-, Lucas (18) y Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), siendo el equipo de este último un “7 Plus”, de color negro, con la pantalla astillada y una funda de los All Blacks.

 

 

Leé también: Todos juntos pero aislados y en una celda para 10: así estarán presos los rugbiers

 

 

A la par del desarrollo de la última jornada de ruedas de reconocimiento, efectivos de la Policía Federal continúan peritando los teléfonos celulares de los rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el pasado sábado 18 de enero a la salida de una discoteca de Villa Gesell.

 

El procedimiento está a cargo de expertos de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la PFA, cuya sede se encuentra en la ciudad de Mar del Plata. A través de las pericias, la fiscal Verónica Zamboni buscará elementos y contenido de valor probatorio para la investigación del crimen, que se combinarán con los resultados de las ruedas, análisis a la ropa de los acusados y la prueba scopométrica a la zapatilla ensangrentada encontrada en la casa que ocupaban en Gesell durante su detención.

 

En total son diez los dispositivos a analizar, segun datos publicados por Télam. Entre ellos está el de Pablo Ventura, el joven que fue falsamente involucrado por los rugbiers detenidos y que luego fue liberado por la Justicia, al comprobarse que no estuvo en la ciudad costera al momento del brutal ataque a Fernando.

 

De los diez teléfonos, hay seis equipos en particular que resultan más difíciles de desbloquear para los especialistas. Son los de marca Apple, cuyo grado de encriptación dificulta el acceso a la información interna. Fuentes de las fuerzas de seguridad hablan de un problema histórico con los Iphone. “No contar con la clave implica tener que enviar el dispositivo al exterior en ciertos casos, a que sea abierto por una empresa que envía una copia forense del aparato para analizar. Por cada teléfono estamos hablando de, mínimo, cinco mil dólares”, cuenta un oficial de alto rango a Infobae.

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