Es un tema que está en agenda, que todos quieren cambiarlo, pero que nadie lo dice en voz alta. Muchos señalaban que lo habían conversado con Alberto Fernández pero nadie esperaba que, apenas dos días después de asumir, saliera a la luz. Pero ya comenzó la discusión de la nueva ley de Coparticipación.
Durante el acto de asunción de Fernando Espinoza en La Matanza, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner adelantó posibles cambios del régimen de Coparticipación poniendo el foco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien señaló como una de las grandes beneficiadas. La flamante vice dijo que la Ciudad vive una situación “privilegiada” y de una “gran desigualdad” con otros distritos. Frente a esto, Cristina Kirchner lanzó que sería “razonable distribución de la asignación de recursos. En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro”, sentenció.
Si esa idea no fue suficiente para generar esperanza y angustia a la vez en varias provincias respecto del reparto de los ingresos que piensa el nuevo gobierno, la mandataria fue un poco más lejos y dijo: “en este nuevo consenso que quiere construir nuestro Presidente debemos discutir una distribución racional de la asignación de los recursos, más allá del color político de los distritos. Vemos cómo un modelo que concentra aún más la riqueza construye un fantástico túnel -por el Paseo del Bajo- para que a los vecinos de Puerto Madero no los molesten los camiones mientras se inunda media provincia de Buenos Aires cada vez que llueve”.
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En la campaña electoral, Alberto Fernández no lo dijo, aunque ya muchos lo sospechaban y él mismo convalidó las sospechas en su discurso de asunción ante el Congreso de la Nación: para “poner plata en el bolsillo de los argentinos”, había que sacarla del bolsillo de otros argentinos.
Por cierto, prácticamente nadie pensaba, y el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, lo descartó explícitamente en su primera conferencia de prensa, que el Estado iba a ajustar su nivel de gasto.
La palabra clave, el puente, entre un acto de “poner” y el de “sacar” plata del bolsillo es “solidaridad”, el “esfuerzo” que el presidente le pidió a los sectores más altos de la pirámide socioeconómica para aliviar la situación de los que menos tienen.
Esos conceptos están tomando rápidamente forma en las primeras medidas del gobierno:
1 - Retenciones. Aumento por decreto de los derechos de exportación (“retenciones”) al sector agroexportador, el principal aportante de divisas y también un contribuyente clave a los ingresos fiscales de la Nación, que en la campaña 2019/2020, según calculó un estudio de la Bolsa de Cereales de Córdoba, aportará no menos que el equivalente a 5.000 millones de dólares (largamente más de 300.000 millones de pesos) de recaudación. La medida se oficializó este fin de semana pero aún quedan puntos que aclarar a los que Gobierno responderá la semana próxima. 2 - Dólar Turista. Se trata de un impuesto, en estudio por parte de la AFIP y de la secretaría de Hacienda, para encarecer las compras con tarjetas de crédito de argentinos en el exterior, lo que contribuiría tanto a achicar el “déficit de la balanza turística” como –de vuelta– a mejorar los ingresos fiscales.
3 - Doble indemnización. Es otro de los anuncios del fin de semana y alcanza a los despidos “sin justa causa” para empleados contratados antes de la emisión del DNU por el que el gobierno dispuso esta medida, inicialmente por 180 días, pero que se sospecha terminarán siendo más.
4 - Adiós al pacto fiscal de Macri. Visto bueno de la Nación a las provincias para que pasen por alto los compromisos que asumieron en el “Pacto Fiscal” de 2017 y no cumplan con las rebajas en impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, que habían prometido reducir a cambio de los recursos que Macri les aseguró a partir de algunas reformas al sistema previsional. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la “solidaridad” que reclamó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la vicepresidente, Cristina Kirchner, apuntando a cuál sería el distrito que perderá en el nuevo reparto entre la Nación y las provincias.
5 - Bienes personales. Aumento de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales, que la gestión Macri ya había triplicado, de 0,25 a 0,75%, subiéndola a 1,25 ó 1,50%, lo que representaría una sextuplicación del nivel que tenía antes del retoque que hizo el macrismo.
6 - Impuesto a la herencia. Como complemento del punto anterior, y dentro del llamado “impuesto a la Herencia”, eliminar la desgravación de las donaciones gratuitas, no tanto para recaudar más directamente por esa vía, sino para obturar un mecanismo que permite la elusión del Impuesto a los Bienes Personales ocultando parte de los activos en fideicomisos o figuras similares que permiten a un contribuyente achicar su base imponible ante la AFIP.
7- Bienes en el exterior. Se diferenciaría en el trato impositivo a los bienes personales entre aquellos situados localmente y aquellos otros (declarados o no) en el exterior. Medida que debería declararse antes de fin de año, si es que el gobierno aspira a cosechar los frutos a lo largo de 2020.
8 - Jubilaciones indexadas por inflación. En estudio seguirá, mientras tanto, un diseño que permita quitarle potencia a la locomotora del gasto que representa un sistema previsional indexado por la inflación y que el kirchnerismo y sectores de la izquierda habían resistido por mezquino a fines de 2017. Hay aquí un parentesco conceptual con la consigna de “reducir la nominalidad de la economía” que antes de las elecciones de 2011 repetía en reuniones privada el entonces ministro de Economía y candidato a vicepresidente, Amado Boudou. La idea, sin embargo, quedó trunca apenas se inició el segundo mandato de Cristina Kirchner, cuya medida inmediata más notable fue el control cambiario de entonces.
