Es un tema que está en agenda, que todos quieren cambiarlo, pero que nadie lo dice en voz alta. Muchos señalaban que lo habían conversado con Alberto Fernández pero nadie esperaba que, apenas dos días después de asumir, saliera a la luz. Pero ya comenzó la discusión de la nueva ley de Coparticipación.
Durante el acto de asunción de Fernando Espinoza en La Matanza, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner adelantó posibles cambios del régimen de Coparticipación poniendo el foco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien señaló como una de las grandes beneficiadas. La flamante vice dijo que la Ciudad vive una situación “privilegiada” y de una “gran desigualdad” con otros distritos. Frente a esto, Cristina Kirchner lanzó que sería “razonable distribución de la asignación de recursos. En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro”, sentenció.
Si esa idea no fue suficiente para generar esperanza y angustia a la vez en varias provincias respecto del reparto de los ingresos que piensa el nuevo gobierno, la mandataria fue un poco más lejos y dijo: “en este nuevo consenso que quiere construir nuestro Presidente debemos discutir una distribución racional de la asignación de los recursos, más allá del color político de los distritos. Vemos cómo un modelo que concentra aún más la riqueza construye un fantástico túnel -por el Paseo del Bajo- para que a los vecinos de Puerto Madero no los molesten los camiones mientras se inunda media provincia de Buenos Aires cada vez que llueve”.
La vicepresidente tomo la decisión de plantear esta discusión pero, aseguran en su entorno que lo hizo con el conocimiento del Presidente que ya tiene en su poder una carpeta en donde el presidente de la Comisión Federal de Impuestos, Cristian Ocampo, le presentó la propuesta.
El reparto de los ingresos vía la Ley de Coparticipación Federal, norma con rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado federal en virtud de una delegación efectuada por las provincias, es discutido por la mayoría de los gobernadores que ocuparon eses cargo desde 1995 hasta la actualidad, por mandato de la Reforma Constitucional de 1994.
Antecedentes de las negociaciones
Cuando en 2017 se firmó el Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias, se estableció consensuar una nueva ley de coparticipación de impuestos en el marco de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), ámbito donde participan todos los actores. Y ya casi está listo.
“Lo hablé con el presidente Alberto Fernández, le expliqué el trabajo que hicimos el CFI y se mostró interesado. Esto fue un trabajo álgido y áspero, donde participaron todos los distritos, inclusive la Ciudad, y que le da fundamentos técnicos y políticos para llevar adelante la discusión”, explicó a Infobae Cristian Ocampo, ex ministro de Economía de Chaco y presidente del CFI. “Esto estaba previsto en el Consejo Fiscal que ratificaron casi todas las legislaturas provinciales, lo que significa que ya contaba con plafón jurídico”.
El proyecto está basado en las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción con nuevos criterios de reparto con metas de “solidaridad y equidad”. “El trabajo tuvo tes ejes temáticos. El primero tiene que ver con las capacidades fiscales de cada provincia. Hay que delimitar qué cobra cada jurisdicción; el segundo es la capacidad fiscal respecto de las necesidades de gastos; y el tercero es el desequilibrio entre las provincias", dijo Ocampo.
El punto que busca subsanar es que sí cada distrito recibe por lo que cobra, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos serían las únicas provincias viables. Y el otro es establecer las necesidades del gasto. “Esto es bastante más simple.- Así como la Ciudad necesita el Paseo del Bajo, el Chaco necesita agua”. Pero claramente el punto disruptivo es el cambio del coeficiente que se le asignará a cada provincia, como por ciento del total de los recursos a repartir cada mes. Mientras hoy hay un porcentaje fijo para cada uno de los distritos, lo que el proyecto que salió del CFI y que ya está en el despacho presidencial propone un “coeficiente con parámetros prorrateados. Se tomarán en cuenta varias indicadores como por ejemplo la incidencia geográfica, los recursos, los objetivos, y a partir de eso se establece la coparticipación.
“Esto rompe de alguna manera con algunos situaciones que no son del todo solidarias como plantea el sistema. Esto lo podemos ver fácilmente si comparamos lo que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico del país con mayor PBI per cápita, y lo que recibe Chaco. La Ciudad tiene el 3,75% -lo mismo que Formosa- mientras que Chaco le toca el 2,86%. Es medio ilógico que la más rica reciba más que la más pobre”, señaló Ocampo.
